El uso agrícola de organismos modificados genéticamente, los servicios postales y la contratación de la fuerza de trabajo individual para el exterior, son algunas de las medidas que se aprobarán por la Asamblea Nacional hasta 2028, según revelaron hoy medios locales.
La revista digital El Toque tuvo acceso al cronograma del Legislativo cubano hasta esa fecha. De las 107 normas jurídicas a discusión, hasta 2023 está programada la discusión de 39 leyes y 31 decretos-leyes, mientras que en los próximos cinco años, 24 y 13 respectivamente.
Según especificó el medio, a corto plazo “se establece la discusión y aprobación de Leyes como las de Revocación (de mandatos públicos) del Servicio Exterior, de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales, de Defensa y Seguridad Nacional, de Transparencia, Migración y de la Vivienda, y también un nuevo Código Penal.
“De acuerdo con la clasificación realizada en el documento, el 55,7 % de las normas que se pretenden emitir en lo que resta de legislatura (39) serían normas derivadas de los Lineamientos, el 40 % derivadas de la Constitución (28) y el 4.3 % propuestas por organismos de la administración central del estado (3)”, agregó.
Es posible que en octubre de 2020 vaya a discusión un nuevo procedimiento Civil, Laboral y Económico. En abril de 2022, se espera una ley de Empresas, cuya redacción ha sido encomendada a la Comisión de Implementación y Desarrollo, dirigida por Marino Murillo; en julio de ese mismo año, una nueva ley de Asociaciones, que actualizaría la aprobación y funcionamiento de las formas asociativas en el país.
La Ley de Funcionamiento y Organización de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado, también aprobada en el recientemente culminado período ordinario de sesiones, establece en su artículo 263 la facultad excepcional del Consejo de Estado de modificar las Leyes, mediante decretos-leyes. Quedaron excluidas de modificaciones por una norma de rango inferior, aquellas leyes referidas a derechos, deberes y garantías constitucionales o a la integración y funciones de los órganos superiores del Estado.
El cronograma declara que en septiembre del 2021 se aprobará un decreto-ley que creará un nuevo organismo de la Administración Central del Estado. Siguiendo lo establecido previamente por la Política de Comunicación. Dicho organismo estará destinado a “rectorar la actividad de la Comunicación Social”. Una vez constituido, se prevé que durante la próxima legislatura (2023-2028) se regule, también mediante decreto-ley, el derecho constitucional de libertad de prensa.
En ese periodo las autoridades traerán a colación la polémica ley de Cine, junto a un nuevo Código Civil, leyes de Petróleo y Gas, de Minas, de Deporte, Cultura, Educación y Educación Superior, y la promulgación de normas inexistentes hasta ahora en el ordenamiento cubano, como la ley de Culto o la de Servicios Policiales.
Estas son apenas algunas de las actividades incluidas en el cronograma y, por supuesto, pueden estar sujetas a cambio.
