Fiscal cubana que condenó a manifestantes del 11J busca asilo en EE.UU.

La fiscal cubana Rosabel Roca Sampedro, conocida por su papel en los juicios contra manifestantes del 11 de julio de 2021 en Camagüey, ha solicitado una cita a través de la aplicación CBPOne para emigrar a los Estados Unidos.

De acuerdo a información de Martí Noticias, la represora, de 42 años, se encuentra en México con su hija menor en espera de que le otorguen la cita para pedir asilo político en la frontera.

La fiscal habría borrado su perfil en redes sociales, donde mostraba su cercanía con el régimen cubano. Martí Noticias intentó contactarla sin éxito.

Roca Sampedro tiene una hija en Houston, Texas, con quien planea reunirse si se le permite la entrada a EE. UU.

Entre los afectados por las acciones de Roca Sampedro como fiscal se encuentran Adrián Quesada Flores, Geovanis Cepulveda Martínez, Lesyani Heredia Salazar y Yadisley Rodríguez Ramírez. 

Javier Larrondo, director de la ONG Prisoners Defenders, especializada en documentar violaciones de derechos humanos en Cuba, declaró a Martí Noticias: "La causa es la número 26 de 2022, del Expediente de Fase Preparatoria 31 del 2021, por Atentado y Desacato, instruida por la fiscal Rosabel Roca Sampedro. Debido a su trabajo, fueron sentenciados cuatro inocentes a penas de entre 3 años y 6 meses y 4 años y 4 meses de prisión".

Además, el opositor Bárbaro de Céspedes, quien cumplió un año y seis meses de prisión, afirmó: "Esa señora fue muy déspota conmigo. No me dejó ni siquiera hablar. Cuando trataron de silenciarme en el juicio me defendí con la Constitución”, dijo el opositor.

La Fundación Para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC, por su sigla en inglés) tiene a Roca Sampedro identificada como represora de cuello blanco.

En la base de datos de Represores cubanos, la fiscal está acusada por los delitos de Prevaricación y crimen de lesa humanidad: persecución por motivos políticos.

Este caso se suma al de otros funcionarios cubanos que han tratado de buscar asilo en EE. UU., como el de la jueza Melody González Pedraza, detenida en Broward, y el de familiares de altos cargos del régimen.