Vida de presos políticos corre peligro en prisión de Quivicán

Activistas y familiares de presos políticos de las protestas del 11J denunciaron las amenazas de las que son víctimas estos al interior de la prisión.

Dayana Aranda Batista, esposa del prisionero Juan Enrique Pérez Sánchez, escribió en Facebook  que su pareja y otros manifestantes “están en peligro” en la prisión de máximo rigor de Quivicán, en Mayabeque.

La cubana contó que los oficiales del penal ordenaron a los reos comunes golpearlos si estos se manifestaban. Mencionó, además, que uno de los manifestantes recibió una golpiza recientemente.

Durante su última visita a la cárcel, su esposo le comentó que “están bajo amenaza constante, lo obligaron a asistir a una consulta con un psiquiatra, porque el primer jefe de la prisión le dijo que él lo que estaba era loco”. El primer teniente Yulieski Menéndez le advirtió a Juan Enrique que lo desaparecería.

La mujer detalló que el tiempo que duró de la visita estuvieron custodiados por cuatro guardias, una práctica al parecer nueva y destinada para los del 11J.

A su vez el activista cubano radicado en Canadá Alberto Fonseca, conocido como Albert Fonse en redes sociales, mostró una pequeña nota donde amenazan a su hermano Roberto Pérez Fonseca.

El mensaje fue escrito en una hoja de libreta razgada y señala que si Roberto mantiene su posición se van “a encargar” de que le suceda “algo dentro de la prisión”.

Tras compartir una foto del escrito, Fonse responsabilizó al Partido Comunista de Cuba (PCC), a la policía política y “a los guardias del penal por la integridad física de mi hermano, le han dado la orden a los jefes de disciplina que son presos comunes de golpearlo hasta matarlo si se vuelve a manifestarse”.

Fonse declaró a ADN Cuba que todo comenzó a raíz de una manifestación de su hermano con un púlover blanco con las consignas “Patria y Vida” y “Cuba de Luto”. Tras la protesta su hermano fue cambiado de destacamento y ahora les prohíben usar ropa blanca y caminar por los pasillos.

Asegura Fonse que los oficiales han “puesto a los presos comunes en contra de ellos” y les ofrecen favores a cambio de que golpeen a su hermano y a otros como Maikel Puig. “Les han dicho que todo es culpa de los presos políticos”.

En marzo pasado la organización no gubernamental Amnistía Internacional publicó su  informe correspondiente al 2022/2023. El reporte condena las violaciones a derechos humanos cometidas por el castrismo, entre ellas la existencia de más de mil reos por razones políticas.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Políticas Justicia 11J  ha registrado la detención de 1812 personas desde las protestas masivas de julio de 2021.