Cubanos que están de manera irregular en EE. UU. podrían ser deportados a países del Caribe y Centroamérica

Históricamente, los migrantes provenientes de países como Venezuela, Cuba y China han representado un desafío para las autoridades estadounidenses. Debido a restricciones legales, estos migrantes no pueden ser detenidos indefinidamente en los Estados Unidos, incluso cuando un juez ordena su deportación, lo que ha llevado a que muchas personas finalmente sean liberadas dentro del país.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, dijo este miércoles  en una conferencia de prensa que La Habana ve con "preocupación" la situación en la que viven los cubanos en EE. UU. y consideró que "no es realista" que el próximo ejecutivo de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, deporte a la isla a los "cientos de miles" de insulares que viven en el país de forma irregular.

La nueva administración busca cambiar esa dinámica con una política que permitiría deportarlos a terceros países, lo que evitaría el retorno a sus naciones, que no los recibirían. Según un reportaje de NBC, la portavoz de la transición Trump-Vance, Karoline Leavitt, este enfoque responde al mandato de "detener la invasión de inmigrantes ilegales, asegurar la frontera y deportar a delincuentes peligrosos".

Fuentes cercanas a la administración han revelado que se está preparando una lista de países a los que podrían ser deportados migrantes cuyos países de origen no los acepten de regreso. Entre los destinos considerados se encuentran las islas de Turks y Caicos, Bahamas, Panamá y Granada.

Este modelo no es completamente nuevo. Durante el primer mandato de Trump se implementó un acuerdo con Guatemala para enviar allí a solicitantes de asilo que llegaban a Estados Unidos y personas de diversas nacionalidades fueron trasladadas a ese país sin previo aviso.

Aunque la práctica fue suspendida en 2020 debido a la pandemia, aún enfrenta litigios en tribunales federales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) ha mantenido una batalla legal contra esta estrategia, argumentando que es ilegal y pone en riesgo la vida de los solicitantes de asilo.