Educación socialista y discriminación política en el anteproyecto del Código de Niñez

El régimen cubano trabaja en un anteproyecto del Código de Niñez, Adolescencias y Juventudes en Cuba que discrimina el disenso político.

El anteproyecto reconoce a los niños, adolescentes y jóvenes como sujetos plenos de derechos, acorde con el artículo 86 de la Constitución cubana y la Convención sobre los Derechos del Niño. También destaca el deber del Estado de garantizar el desarrollo integral, orientado hacia los principios de la sociedad socialista.

Al respecto, la activista y feminista cubana Marta María Ramírez declaró a ADN Cuba que el lenguaje de este anteproyecto de código “apunta más hacia los derechos que su versión anterior”, pero sigue cargado del mismo espíritu ideológico: “dentro de la revolución todo; contra la revolución, nada”. 

Ramírez cree que el documento está hecho para responder a la Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez, ocurrida en Colombia entre el 7 y 8 de noviembre pasado. Durante ese encuentro, la ministra de Educación cubana, Naima Trujillo, dijo que Cuba defiende los derechos de la infancia  y anunció la confección del nuevo Código.

“Con el discurso de la ministra de Educación parecería que este código no haría falta, porque Cuba cumple con todo. Este código sirve para su narrativa [del régimen]”, comentóla activista.

Varios de los artículos del anteproyecto refieren que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes cubanos deben formarse en “los valores y principios de la sociedad socialista”.

El abogado Alain Espinosa, de Cubalex, comentó a ADN Cuba que cualquier normativa del régimen cubano está regida por el artículo 4 de la Constitución de la República, de 2019. Ese artículo establece que el sistema socialista en Cuba es irrevocable.

Con respecto a tal enunciado, Espinosa agregó que el anteproyecto, de por sí solo, constituye “una discriminación por motivo de la opinión política que lógicamente se traslada a cualquier otra norma de aplicación en el territorio nacional”. 

De esta forma, el régimen subscribe que existe discriminación hacia los infantes familiares de personas que disienten del poder, a pesar de que el  artículo 33 del anteproyecto establece el derecho “a la igualdad en el reconocimiento, acceso, goce, ejercicio y protección de sus derechos, sin discriminación de ninguna índole”.

Para Diana Mendiluza Díaz, vicepresidenta de Raíces de Esperanza en España, lo contenido por el anteproyecto significa “adoctrinamiento ideológico desde la enseñanza elemental enfatizando en la formación de valores en función del régimen comunista, contraviniendo los principios de participación inclusiva, limitando el desarrollo autónomo de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, marginando el pensamiento crítico y las voces críticas”.

En este sentido, otro aspecto preocupante es lo regulado sobre la educación de las infancias.

El artículo 57, en su apartado 3, especifica que “el Sistema Nacional de Educación tiene como propósitos esenciales la formación y fortalecimiento de valores morales y éticos en correspondencia con los principios de la sociedad socialista”. 

Para el abogado Alain Espinosa también esta disposición constituye una forma de discriminación política y “es totalmente contraria a otras garantías que establece el propio anteproyecto, como puede ser la garantía de que la educación no se vea limitada o vulnerada por situaciones de discriminación o desigualdad”.

Por otro lado, Espinosa advierte que el anteproyecto falla al no otorgar protección adicional a los jóvenes de entre 18 y 21 años, que “si bien ya la persona ha alcanzado la mayoría de edad, todavía carece del conocimiento necesario para poder regir en la manera óptima su personalidad y otras cuestiones”.

El código también enfrenta críticas por su tratamiento a los menores en conflicto con la ley. 

De acuerdo con el artículo 37, inciso d, de la Convención sobre los Derechos del Niño, todo menor privado de su libertad tiene derecho a impugnar esa decisión ante un tribunal. 

Sin embargo, Espinosa denuncia que esto es algo que no queda recogido en el anteproyecto. "Se establece para aquellos jóvenes que puedan estar en conflicto con la ley penal pero que ya arribaron a la edad punible que es de 16 años. Sin embargo, para los niños que se encuentran entre los 12 y los 16 años lo que se mantiene es un proceso totalmente administrativo que si bien da la posibilidad de impugnar esa decisión, esa impugnación se realiza ante una autoridad igualmente administrativa y no ante un tribunal que es lo que correspondería", señaló el abogado.

Asimismo, el título II del código establece un sistema de medidas de protección que, según Espinosa, es muy peligroso y permitiría una intervención estatal excesiva en la vida privada de los menores. 

El abogado considera que estas disposiciones, lejos de garantizar la protección de los menores, generan un marco de inseguridad jurídica y social, especialmente para aquellos hijos de opositores, periodistas independientes y activistas.

“Llama mucho la atención también la posibilidad, que además se complementa con lo establecido en el Código de las Familias, de suspender o de privar de la responsabilidad parental, de separar de la familia de origen a estos niños y adolescentes que supuestamente estén sometidos a algún tipo de amenaza o violación de sus derechos”, expuso.

Aseguró que estas disposiciones facilitan la separación de menores de sus familias de origen bajo criterios que podrían ser subjetivos o manipulados por el régimen.

Se han dado varios casos en los que la Seguridad del Estado ha amenazado a miembros de la sociedad civil con quitarles a sus hijos e, incluso, ha interrogado a menores de edad.