Régimen “arremete contra las mujeres”: Justicia 11J denuncia situación de 74 presas políticas

El Grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J manifestó este lunes su preocupación por “varios eventos en los que la Seguridad del Estado y oficiales de prisiones han arremetido contra las mujeres”, incluidas las 74 presas políticas en Cuba cuyos casos están documentados por la organización de derechos humanos.

De acuerdo con un comunicado de la ONG al que tuvo acceso ADN Cuba, “la hostilidad contra activistas y opositores cubanos ha sido intensa durante marzo y lo que va de abril, periodo en el que no solo se reportan múltiples detenciones de corta duración, sino también privaciones de libertad bajo procesos investigativos o bajo imposición de medida cautelar e instrucción de cargos a siete opositores al régimen”.

Justicia 11J destaca el caso de una decena de condenadas por las protestas de julio de 2021, quienes a inicios de marzo redactaron en la prisión Mujeres de Occidente una carta, firmada con sus huellas dactilares en sangre, en la que pedían al gobernante Miguel Díaz-Canel que acatara la petición del Vaticano de conceder la libertad a los manifestantes del histórico levantamiento ciudadano.

“Como parte de las respuestas a este grito de auxilio y libertad, se les prohibió temporalmente el uso del papel y la redacción de cartas a todas las mujeres de la prisión. Esto fue utilizado por las autoridades para obligar a las reclusas a confrontarse entre sí, al marcar a las firmantes como 'responsables' del castigo generalizado”, denunció Justicia 11J.

Las represalias fueron particularmente duras con Lizandra Góngora, según la ONG. Esta prisionera política, madre de cinco hijos, fue enviada semanas después de difundirse la carta a la cárcel de mujeres de la Isla de la Juventud, separada por mar y a más de 160 kilómetros de su familia.

Por otra parte, señalaron que la manifestante trans Brenda Díaz, condenada por participar en el 11J en Güira de Melena, fue “castigada con la celebración de un nuevo juicio el pasado viernes 14 de abril, en relación con un reciente incidente violento, del que Brenda resultara víctima”.

Según el testimonio de su madre, a finales de febrero Brenda fue golpeada en la prisión, y trasladada a celda de castigo por 15 días, tras defender a uno de sus compañeros que “había sido ofendido por su orientación sexual”.

En las últimas semanas tres nuevas presas políticas se sumaron a la lista de al menos 71 mujeres de igual condición, cuyos casos fueron verificados por Justicia 11J. Se trata de las camagüeyanas Aniette González García y Ienelis Delgado Cué (conocida en redes como Mambisa Agramontina) y de la joven madre matancera Leidyana Cazañas Amador, todas detenidas por la policía política.

Según la ONG, a las dos primeras mencionadas se les acusa, respectivamente, de cometer un presunto “Ultraje a los símbolos de la Patria” y de un supuesto “Desacato a la autoridad”, mientras que Leydiana es acusada de provocar la supuesta quema de árboles frutales de la zona.

“Estas mujeres podrían ser procesadas penalmente en juicios sin garantías del debido proceso, como ocurrió con, al menos, otras 87 presas políticas tras las masivas protestas del 11J, cuyas condenas se extienden hasta los 15 y 14 años de privación de libertad, en los casos de Mariuska Díaz Calvo (15), y Brenda Díaz y Lizandra Góngora (14)”, apunta la organización citada.

En el comunicado se menciona la “autoinculpación forzada” por la Seguridad del Estado a la que el régimen sometió a Sulmira Martínez Pérez, joven activista conocida como “Salem” en redes sociales.

La semana pasada Martínez Pérez fue acusada en la televisión estatal de generar “contenidos nocivos y engañosos en los espacios digitales”. La joven de 21 años había sido detenida el 10 de enero último y, según Justicia 11J, “luego de meses de tortura psicológica en el cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana, la trasladaron el pasado 17 de marzo a la prisión de mujeres de El Guatao. Su delito: publicar en Facebook su intención de manifestarse públicamente”.

La ONG también denuncia especialmente, entre los eventos de “hostigamiento y represión” documentados por este grupo de trabajo entre el 1 de marzo y el 16 de abril”, el interrogatorio realizado a una niña de siete años, hija de la opositora camagüeyana Marisol Peña Cobas.

“La menor fue entrevistada en la mañana del jueves 13 [de abril] por funcionarios de la Oficina de Atención a Menores de su provincia, como parte de un proceso que busca separar a madre e hija, una vez que Marisol ha manifestado públicamente su oposición a que su hija sea adoctrinada en la escuela a la que asiste. Este interrogatorio, que tuvo lugar en una prisión de menores en la localidad, y al que llegaron en una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), sucedió en ausencia de la tutora de la menor”, denunció el grupo defensor de los DDHH.

“Justicia 11J hace un llamado de atención ante la opinión pública internacional sobre los casos que resaltamos (…). Solicitamos apoyo en la visibilización de estas historias y circunstancias, así como en el reclamo al Estado cubano en relación con el cumplimiento a protocolos, tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, que garanticen la seguridad física, mental y emocional de las personas bajo su custodia y sus familiares”, concluyó la organización.