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Hija de preso político: "Pido que me entreguen lo poco que queda de mi padre"

Sánchez declaró a ADN Cuba que la vida de su padre se está apagando poco a poco y pide su liberación

Actualizado: Mon, 06/12/2023 - 15:10

Rosabel Sánchez, hija del prisionero político y sacerdote yoruba Loreto Hernández, exige a las autoridades que le devuelvan "lo poco que queda" de su padre, quien se ha deteriorado notablemente en los últimos dos años los que ha pasado en la cárcel.

Sánchez declaró a ADN Cuba que la vida de su padre se está apagando poco a poco y pide su liberación.

"Quiero expresar mi preocupación por la situación de salud que presenta mi padre. Ha tenido una enorme recaída y no entiendo el motivo por el cual le han negado su licencia extrapenal. La vida de mi padre se va apagando poco a poco. Pido que me entreguen lo poco que queda de mi padre", expresó la cubana.

Por último, la hija responsabilizó a los funcionarios del penal Guamajal de la integridad del opositor.

En marzo pasado, autoridades del régimen cubano negaron la solicitud de licencia extrapenal a favor del prisionero político a pesar de su grave estado de salud, confirmó ese mes a ADN Cuba su hermano, Jorge Luis García "Antúnez".

De acuerdo con García, el responsable de comunicar la negativa fue el mayor Arturo Montenegro Sotelo, alto oficial de la policía política castrista.

La licencia extrapenal había sido solicitada desde octubre de 2022 por la familia y por los médicos de Hernández debido a sus graves problemas de salud.

La solicitud fue denegada por el alto mando del Ministerio del Interior (Minint) y la Dirección General de Cárceles y Prisiones de Cuba.

El opositor del 11J padece de diabetes y de hipertensión arterial y sufrió un preinfarto durante los primeros días de su encarcelamiento,  en 2021.

Loreto Hernández García y su esposa, Donaida Pérez Paseiro, ambos líderes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron detenidos en julio de 2021 tras participar en las protestas antigubernamentales que ocurrieron ese mes en toda la isla.

Tras meses de espera, fueron condenados a siete y ocho años de prisión, respectivamente.

El activista se encuentra recluido en la prisión de Guamajal, en la provincia de Villa Clara.


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