Enviado especial para derechos humanos de la Unión Europea viajará a Cuba en noviembre

La Unión Europea (UE) enviará a Cuba en noviembre de 2023 a Eamon Gilmore, su Representante Especial para los Derechos Humanos con el objetivo de dialogar sobre el comportamiento de los derechos humanos en la isla.

“El 3er Consejo Conjunto ha acordado el ciclo de nuevos diálogos”, dijo en Twitter Josep Borrell, Alto Comisionado de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, quien llegó a la isla esta semana y ha sido fuertemente criticado por activistas y opositores cubanos.

El propósito de la visita de Gilmore en noviembre será “dar seguimiento a la situación de los detenidos y sentenciados en Cuba” tras las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, según acotó una nota de Infobae.

Refiere ese medio de prensa que Borrel, quién presidió este 26 de mayo en La Habana el tercer consejo conjunto Cuba-Unión Europea, reconoció la importancia de mantener conversaciones sobre “la situación creada antes, durante y después de las detenciones del pasado mes de julio del 21” y añadió que a este tema “le damos una relación prioritaria en nuestras relaciones internacionales”.

Borrell prevé reunirse con el ministro de Justicia del régimen, Oscar Silvera, con quien tiene prevista una reunión. El político español debería haber presidido el consejo junto al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba Bruno Rodríguez Parrilla, quien enfermó de una “afección viral” inesperada y se ausentó.

Por sustitución, lideró la parte del castrismo Ricardo Cabrisas Ruiz, vice primer ministro de Cuba y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

El consejo conjunto fue convocado para evaluar el estado de la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC), suscrito el 12 de diciembre de 2016 entre Cuba y la Unión Europea y sus Estados miembros, que comenzó a instrumentarse de manera provisional el 1 de noviembre de 2017.

El ADPC tiene una cláusula de derechos humanos, el artículo 85, que establece que las violaciones en temas de respeto de derechos humanos constituirán una “infracción grave”, aunque “la suspensión [del acuerdo] es una medida de último recurso”.

Tras la violencia estatal a los manifestantes del 11J organizaciones de la sociedad civil independiente, líderes del exilio y políticos europeos han pedido la revisión y cancelación del ADPC.

Sin embargo, Borrell enfocó su viaje a La Habana en alentar al pequeño sector privado de la isla y no concretó un encuentro con los familiares de los presos políticos.

El 25 de mayo, un día después del arribo de Borrell a la isla, familiares de presos políticos cubanos y activistas reportaron acciones de represión en su contra.

Esta semana al menos 14 presos políticos se declararon en huelga de hambre.

El último informe de la organización Prisoners Defenders (PD) asegura que existen en Cuba unos 1048 prisioneros por motivos políticos.