La nueva Ley de Migración permitirá a los cubanos mantener sus derechos patrimoniales sin tener que entrar al país cada dos años
El anteproyecto de la nueva Ley de Migración que se debate en Cuba también contempla la posibilidad de aplicar el destierro a ciudadanos cubanos por razones de “seguridad nacional” u “orden interior”
Actualizado: June 28, 2024 9:01am
Una nueva ley migratoria que se discutirá en el Parlamento cubano en julio próximo permitirá a los nacionales mantener sus derechos patrimoniales sin tener que entrar al país cada dos años
La nueva legislación permitiría a los cubanos que lleven más de dos años fuera del país mantener sus derechos ciudadanos y sus propiedades en la isla. Actualmente, estos derechos dependen de la renovación bienal del estatus de residente en el exterior.
La ley, que debe aprobarse en julio, no tendrá carácter retroactivo, así que solo se aplicará a quienes emigren después de su entrada en vigor, prevista para 2025, informó EFE.
La propuesta se tramitará junto con otros proyectos de ley, incluyendo los de Ciudadanía y Extranjería.
El anteproyecto de la nueva Ley de Migración que se debate en Cuba también contempla la posibilidad de aplicar el destierro a ciudadanos cubanos por razones de “seguridad nacional” u “orden interior”.
⚠️⚠️El régimen cubano acaba de presentar un proyecto de #LeyMigratoria donde oficializa el destierro de ciudadanos cubanos y la prohibición de salida del país para aquellos de “interés público”… términos inexactos que en manos de un poder autoritario son una verdadera amenaza. pic.twitter.com/31qicL8Alz
— Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) June 17, 2024
Igualmente, la Ley de Ciudadanía le permitirá a la dictadura despojar de su ciudadanía a cualquier cubano, aunque haya nacido en la isla.
De acuerdo con la iniciativa, publicada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), tanto el gobernante Miguel Díaz-Canel como el Ministerio del Interior (Minint) tienen la potestad de retirarle la ciudadanía a quienes estimen.
La directora Ejecutiva de Cubalex, la abogada Laritza Diversent, declaró al respecto que "es una violación a las garantías del debido proceso. Una autoridad toma una decisión sobre los derechos de una persona. Para privar a una persona de los derechos que tiene reconocidos internacionalmente, como es la ciudadanía, tiene que ser una decisión de una autoridad independiente".
"Darle esta facultad a una autoridad política y administrativa es una violación de las garantías del debido proceso y un retroceso en materia de derechos humanos", agregó Diversent.
Sin embargo, según el artículo 54 del texto cubano, existen "causas legalmente establecidas" para despojar a cubanos de su nacionalidad, algunas con fuertes implicaciones políticas.
Entre las causas está "alistarse en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano, sus ciudadanos y demás personas residentes en el país, o desde el extranjero realizar actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba, siempre que así se considere por la autoridad de ciudadanía correspondiente".
