Régimen cubano se queja por millonarias multas a compañías de cruceros de EEUU

El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, calificó como “otra infamia” contra la isla el fallo de una jueza federal de Estados Unidos desfavorable para cuatro compañías de cruceros, que supone el pago de multas millonarias por atracar en un puerto expropiado a sus dueños por el régimen de Fidel Castro en los inicios de la dictadura.

Mediante un artículo firmado por Raúl Antonio Capote, un vocero del castrismo que estuvo infiltrado como agente de la Seguridad del Estado en grupos opositores, el oficialismo arremete contra la Justicia norteamericana y la acusa de realizar “una nueva acción [que] se suma a la lista de villanías de EE. UU. contra la Mayor de las Antillas”.

El 31 de diciembre fue noticia que la Compañía Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH.N) deberá pagar casi 110 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por el uso de la Terminal del Puerto de Cruceros de La Habana, una zona confiscada por el régimen cubano en 1960.

El fallo, emitido por Beth Bloom, jueza federal del distrito de Miami, fue publicado recientemente y establece que NCLH.N pagará 109 millones 848 mil 747,87 dólares al demandante Havana Docks Corp, registrado en Delaware, más 3 millones en honorarios y costes legales.

Bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, Havana Docks también demandó a otras empresas del sector de los cruceros como Carnival (CCL.N), Royal Caribbean (RCL.N) y MSC. Estas compañías deberán pagar entre todas más de 400 millones de dólares pues, según la sentencia, cometieron “actos de tráfico” y se vincularon en “turismo prohibido” al llevar viajeros estadounidenses a La Habana y utilizar instalaciones confiscadas sin indemnización por Castro.

Según señala un reporte de la agencia Reuters, desde marzo pasado se había dictaminado que “el uso de la terminal del puerto de cruceros de La Habana constituía tráfico de bienes confiscados”.

En cambio, el vocero Capote afirma que “no fue Fidel Castro el que confiscó esas propiedades, fue el Gobierno cubano en uso de su soberanía, como corresponde a cualquier nación independiente de este mundo”.

Según el exespía y actual miembro de la dirección del periódico Granma, “el propósito de la sanción contra los cruceros está más que claro”, y sería disuadir a posibles inversionistas que deseen hacer negocios con la dictadura comunista.

El Título III de la Ley Helms-Burton fue activado durante la presidencia de Donald Trump, en mayo de 2019. En mayo de 2021 ocurrió la primera victoria de demandantes amparados por la legislación, cuando la familia Claflin, antigua propietaria de la hacienda azucarera “Soledad”, en la localidad de El Guabairo, provincia Cienfuegos, llegó a un acuerdo con la multinacional de la construcción LafargeHolcim.

El litigio comenzó en octubre de 2020, cuando los Claflin, residentes en Boston, presentaron ante un tribunal de Florida una demanda de indemnización por daños y prejuicios que ascendía a 270 millones de dólares contra la multinacional LafargeHolcim.

En la demanda se alegaba que la trasnacional LafargeHolcim, con sede en Suiza, tiene participación desde 2001, cuando operaba bajo el nombre de Holderbank, en la planta de cemento que ahora existe en el lugar.

La organización sin fines de lucro Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, sostiene que existen unas 5 913 demandas certificadas por bienes incautados en Cuba, las cuales representan casi 2000 millones de dólares de responsabilidad. Cuarenta y cuatro demandas han sido presentadas bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, aclara la ONG.