Biden suspende el título III de la ley Helms-Burton y elimina restricciones a empresas militares cubanas

En un giro que marca uno de los últimos movimientos de su administración, el presidente Joe Biden anunció este martes la suspensión del Título III de la Ley Helms-Burton, la eliminación de restricciones a entidades cubanas sancionadas y el retiro del régimen de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. 

El Título III de la Ley Helms-Burton, vigente desde 1996, permitía a ciudadanos estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, presentar demandas contra empresas que supuestamente se beneficiaran de propiedades confiscadas por el régimen cubano tras la Revolución.

Esta disposición fue concebida como una herramienta de presión económica, pero también ha sido objeto de críticas por su impacto en las relaciones diplomáticas y comerciales con terceros países.

En un comunicado oficial, la administración Biden justificó la suspensión de esta medida alegando que “es necesaria para los intereses nacionales de Estados Unidos” y que contribuirá a “acelerar la transición a la democracia en Cuba”.

La decisión, que entra en vigor el próximo 29 de enero, también iincluyó la eliminación de restricciones a entidades vinculadas al gobierno cubano, incluidas empresas militares como GAESA y otras firmas satélites.

Una de las razones detrás de este cambio parece estar vinculada a un compromiso del régimen cubano con la Iglesia Católica para liberar a 553 prisioneros. Esta promesa, respaldada por el Vaticano, habría facilitado las condiciones para que la Casa Blanca optara por relajar las sanciones.

El fin de la lista de entidades restringidas permitirá a empresas estadounidenses realizar transacciones financieras con corporaciones controladas por el régimen cubano, un cambio que podría reconfigurar el panorama económico de la isla. Sin embargo, críticos de la medida advierten que estos cambios podrían beneficiar principalmente a las élites militares y no a la población en general.

En un anuncio paralelo, Estados Unidos afirmó que el régimen cubano no ha apoyado el terrorismo internacional en los últimos seis meses y ha ofrecido garantías de no involucrarse en el futuro. Con esto, se justifica su exclusión de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, una clasificación que compartía con países como Irán, Siria y Corea del Norte.

No obstante, esta decisión contrasta con el informe más reciente del Buró de Contraterrorismo del Departamento de Estado, que señalaba a Cuba por albergar a prófugos de la justicia estadounidense buscados por actos de violencia política.

El anuncio se produce a pocos días de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo, acompañado por Marco Rubio como futuro secretario de Estado. Ambos han prometido endurecer las políticas hacia la isla, lo que podría implicar la reversión de estas medidas en el corto plazo.

Funcionarios de la Casa Blanca han reconocido que esta nueva política hacia Cuba podría tener una vida breve, dependiendo de las decisiones del próximo gobierno.

Desde La Habana, el régimen calificó estas acciones como “un paso en la dirección correcta”, pero insuficiente, subrayando que el bloqueo económico y muchas de las sanciones coercitivas permanecen vigentes. En un comunicado, el gobierno cubano reiteró su disposición a dialogar con Washington bajo principios de respeto mutuo y no injerencia.

Por otro lado, las reacciones en Estados Unidos han sido polarizadas. Sectores críticos, incluidos legisladores republicanos como Mario Díaz-Balart y Rick Scott, consideran que esta medida fortalece al régimen cubano y pone en riesgo los intereses de seguridad nacional. En contraste, defensores de una política de acercamiento, como activistas y miembros de la Iglesia Católica, ven en este cambio una oportunidad para promover el diálogo y aliviar la situación de los cubanos.