"Un modus operandi del régimen": publican informe sobre tortura en Cuba
El presente reporte parte del análisis de los casos recopilados durante el año 2022, donde se recolectaron un total 280 casos
Actualizado: Fri, 11/24/2023 - 13:56
La iniciativa Eye on Cuba, de People In Need (PIN), publicó este viernes un informe sobre las torturas sistemáticas que se cometen en la isla, con apoyo de 15 activistas dentro del país.
El documento se presentó en San José, Costa Rica, y contó con la exposición del periodista independiente cubano José Antonio Fornaris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP), exiliado en el país en 2023.
Además, intervinieron la activista y expresa política nicaragüense Yaritzha Rostrán Mairena; el ecuatoriano Fernando Bastias Robayo, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPD); y la psicóloga Vanessa Rosabal.
El presente reporte parte del análisis de los casos recopilados durante el año 2022, donde se recolectaron un total 280 casos.
Del total de casos registrados, el 27% (76) fueron acciones constitutivas de tortura. Asimismo, el 75% de estas violaciones incluyeron privación de libertad contra las víctimas.
En relación con el género con el que se identifican las víctimas de tortura, el 77,6% (59) de las violaciones fueron realizadas contra hombres, mientras que el 22,4% tuvieron por víctimas a mujeres.
Igualmente, del total de víctimas, el 72,3% son personas activistas, mientras que el 27.7% de las víctimas no se consideró como tal.
El informe hizo especial énfasis en las personas privadas de libertad por motivos políticos en la isla y las torturas a las que son sometidas. "Entre ellas figuran comida en mal estado, privación del sueño, prohibición del vínculo con familiares, falta de atención médica, entre otros", añaden.
"Lo que los casos documentados demuestran es que, lejos de ser una excepción, la tortura se ha institucionalizado como modus operandi del régimen. Otra particularidad es la falta de transparencia por parte del gobierno, en un país donde no hay Estado de derecho ni división de poderes, por lo que sentar las responsabilidades de estos abusos, al menos a nivel nacional, parece imposible", concluyen.
