Destierro y exilio forzoso: castigos coloniales del régimen cubano en el siglo XXI

“Fue más cruel, pero de eso sé mucho”, dijo la cubana Omara Ruiz Urquiola el 24 de diciembre de 2022, cuando por cuarta vez le prohibieron abordar un avión en Estados Unidos para regresar a su país, donde su anciana madre la esperaba para pasar juntas la Navidad. Las autoridades del régimen de La Habana informaron a la compañía aérea norteamericana que la profesora y activista no tenía permitido entrar a Cuba.

Ruiz Urquiola denunció el hecho en sus redes sociales: “No me dejan ir para mi casa, las empresas aéreas norteamericanas viabilizan al gobierno de Cuba la violación de mis derechos como cubana”.

“Yo seguiré [intentando regresar] mientras respire”, aseguró la profesora de arte expulsada del sistema educativo cubano por su posición política.

Como hicieron las autoridades coloniales españolas con los independentistas y librepensadores cubanos del siglo XIX, los dirigentes comunistas utilizan el destierro y el exilio forzoso como castigo para quienes se les oponen. A pesar de que el Artículo 9 de la Declaración de Derechos Humanos establece que nadie podrá ser desterrado arbitrariamente, es una práctica común contra los opositores cubanos.

También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su Artículo 12 que “nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que “nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo”. 

Sin embargo, entre 2015 y 2019, al menos 39 disidentes políticos cubanos fueron expatriados forzosamente, según un informe de cuatro relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En los últimos meses, tras históricas manifestaciones antigubernamentales ocurridas en julio de 2021, que dejaron como saldo un fallecido a manos de la policía, decenas de heridos y más de 1700 detenidos, muchos cubanos recibieron el ultimátum: “exilio o cárcel”.

También se les impidió volver a algunas de las voces más frontales contra el régimen que se encontraban fuera del país.

“Esto es un delito de lesa humanidad, retratado. No hay ninguna justificación legal para desterrar a una persona de Cuba. Absolutamente ninguna. No existe ni en los cánones cubanos ni internacionales”, advierte el jurista cubano Eloy Viera Cañive.

No pueden entrar

Omara viajó a EE. UU. para tratarse un padecimiento oncológico. Desde hace meses intenta regresar a Cuba, donde su madre permanece sola y lleva sobre sus hombros el cuidado de una finca familiar en una apartada zona de Pinar del Río.

Pero, ¿por qué es castigada por los funcionarios del castrismo? Omara es historiadora del arte e impartió clases de Historia del diseño y Cultura cubana en el Instituto Superior de Diseño, antes de ser despedida arbitrariamente en 2019.

Seis meses después fundó el Observatorio de Libertad Académica (OLA), junto a investigadores de la Universidad Sergio Arboleda en Colombia, para documentar las violaciones de derechos humanos de profesores y estudiantes universitarios en Cuba desde 1959, cuando Fidel Castro tomó el poder.

Omara Ruiz Urquiola también participó, en noviembre de 2020, en las protestas del Movimiento San Isidro (MSI) junto a otros activistas y periodistas independientes, para exigir respeto a los DD.HH. y mayores libertades civiles y políticas en el país.

Es hermana de Ariel Ruiz Urquiola, doctor en Ciencias Biológicas y ambientalista cubano perseguido por las autoridades del régimen.

Como los Ruiz Urquiola, muchas familias cubanas han sido fracturadas por el destierro y el exilio durante los últimas seis décadas en Cuba.

En marzo de 2021 la joven periodista Karla Pérez, de 22 años, fue desterrada de Cuba, cuando se le negó el regreso al concluir estudios en Costa Rica, luego de ser expulsada de una universidad cubana. 

Cuando su vuelo a La Habana hizo escala en Panamá, le fue impedido continuar viaje debido a que un funcionario cubano comunicó que ella tenía prohibido el ingreso a Cuba. El régimen considera a la reportera independiente un “instrumento desestabilizador”. Desde entonces, es una refugiada política en Costa Rica.

Karla no vio a su familia durante los años en que estudió en San José. Sobre el impacto que tuvo esta medida arbitraria en el plano personal, declaró a ADN América:

“Me destrozó. Fue un antes y un después en mi vida ese momento en que me quedé varada en el aeropuerto de Panamá, sin lugar a donde ir. Afortunadamente Costa Rica me permitió ingresar –a pesar de que tenía mi visa vencida–, pero igualmente continué con esa sensación de desamparo”.

La comunicadora agrega que su vida en Costa Rica “en los años anteriores al destierro siempre estuvo subordinada a la idea del regreso a Cuba y ese plan se me hizo pedazos en marzo de 2021. Fue como empezar de cero. Llevaba cuatro años separada de mi madre, mi padre y mi hermana. Es un precio muy alto el que estoy pagando desde los 17 años, solo por ejercer el periodismo”.

Al reconocido novelista y periodista cubano Amir Valle también se le prohibió regresar a la isla en octubre de 2005, luego de un viaje de trabajo a Europa. “En mi caso, fue particularmente duro: viajaba con mi esposa, y nuestros hijos, de 4 y 16 años, habían quedado en Cuba, a cargo de la familia”, explica a ADN América.

El autor de “Las palabras y los muertos” y “Habana Babilonia”, opina que "es parte de la propia naturaleza de esa dictadura, que se refugia ante la crítica internacional diciendo que ꞌCuba tiene otro concepto sobre esos derechosꞌ y achaca su decisión a la necesidad de combatir una supuesta confabulación universal para destruir 'la Revolución'”.

El ganador de los premios internacionales de novela “Mario Vargas Llosa” (2006) y Rodolfo Walsh (2007), que vive desterrado en Alemania, señala que esta “es una técnica muy útil al discurso falsario de la diplomacia cubana desde que Fidel Castro, en las narices de los hombres más poderosos del mundo y sin que ninguno le replicara nunca, repitió una y otra vez que el concepto de Derechos Humanos de la Revolución Cubana no era el concepto que el mundo entero había acordado como norma internacional. Desde entonces somos reos de esa mentira ante los ojos cómplices de las naciones libres y democráticas, y de las instituciones y organismos internacionales”.

Para Amir Valle, “el mayor problema es de ese mundo libre que, ahogado por las leyes de la diplomacia de lo políticamente correcto, le da espacio de credibilidad en foros y organismos internacionales a países como Cuba que violan descaradamente muchos de esos derechos”.

La curadora de arte y activista Anamely Ramos, el novelista y periodista Carlos Manuel Álvarez, los reporteros independientes Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez; los artistas Hamlet Lavastida y Katherine Bisquet, la activista Daniela Rojo, el director de teatro Adonis Milán, el doctor en Ciencias Jurídicas y profesor Julio Fernández Estrada, el jurista y activista Fernando Almeyda, el opositor José Díaz Silva; son solo algunos de los cubanos, de una amplia lista, a quienes el régimen ha impedido regresar a su país o los han obligado a abandonar la isla.

Otros artistas y activistas opositores encarcelados en la isla, se han negado a exiliarse a cambio de su libertad a pesar del constante acoso, como el rapero Maykel Osorbo, ganador del Latin Grammy; el artista visual Luis Manuel Otero, líder del MSI; y el coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer.

Sin embargo, el jefe de Asuntos Consulares de la cancillería cubana, Ernesto Soberón, aseguró que es “mínimo” el número de cubanos que está en esa condición, justificada por el funcionario del régimen por supuestas “situaciones de seguridad nacional”.

Al respecto, el jurista Eloy Viera aclaró en una transmisión de la revista El Estornudo, que “lo único que sustenta un destierro en Cuba hoy es la ausencia total del imperio de la ley. (…) Se produce porque hay un poder en Cuba que puede hacerlo”.

El escritor Amir Valle apuesta por desafiar esa impunidad en cualquier tribuna que se tenga. “Los escritores, artistas, intelectuales cubanos, vivan donde vivan, deberían denunciar esa arbitrariedad del destierro, y muchas otras arbitrariedades”, dice a ADN América.

“La realidad es triste y quizás suene dura, pero quiero ser sincero: en la isla es bochornoso el silencio de todos apostando por no ser ellos la próxima víctima, y eso hace natural la docilidad e incluso la complicidad de la gran mayoría que, tristemente, siguen repitiendo el discurso oficialista de que no quieren para Cuba ꞌlos males que imperan en el capitalismoꞌ, como si no estuvieran viviendo ya en un Capitalismo Militar de Estado que ha hundido a los cubanos en peores miserias”, afirma Valle.

Destierros políticos y exilios: políticas de estado como instrumentos de represión

El Gobierno cubano ha negado las acusaciones de violar derechos humanos y evade responder a las denuncias legales hechas por activistas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones internacionales, en especial las relacionadas con las prohibiciones de entrar al país por motivos políticos.

Al igual que el anterior, el nuevo Código Penal establece el destierro como “la prohibición de residir en un lugar determinado” impuesta en “aquellos casos en los que la permanencia del sancionado en un lugar (…) resulte socialmente lasciva”.

El término de la sanción, que solo puede ser aplicada si la persona fue previamente juzgada o condenada con cárcel o multa, va desde uno hasta diez años.

Sin embargo, el Gobierno cubano no reconoce el destierro de los ciudadanos mencionados en este reportaje, y muchos otros, debido a que ninguno ha sido condenado oficialmente y porque se trata de un castigo político.

Las autoridades recurren una interpretación arbitraria de la Ley de Migración, que en su Artículo 24.1 dispone la prohibición de entrada al país a cualquier ciudadano “declarado indeseable o expulsado”.

Al menos 1163 personas sufren actualmente penas arbitrarias de destierro en América Latina. Aunque la mayoría procede de Cuba, las dictaduras de Nicaragua, Venezuela, y el gobierno de El Salvador, también aplican este y otros mecanismos de expulsión o encierro civil como condena política contra algunos de sus propios ciudadanos, según una investigación de Distintas Latitudes.

Ante la pregunta sobre en qué condiciones le gustaría regresar a la isla, Karla Pérez responde: “Ahora mismo yo no reconozco a Cuba, es una especie de no país, al cual yo no sé si pertenezco. Cuba para mí es la familia, los amigos, los recuerdos, y queda muy poco de eso allá”.

La reportera sueña con “un país que ya comenzó a ensayarse en pequeños espacios. Es un país donde las personas no tengan miedo a ser ellas, a expresarse y a pelear desde sus trincheras por lo que quieren y creen es justo. Donde nunca más una madre sufra por estar separada de sus hijos presos o desterrados”.

También, agrega Pérez, “tiene que haber justicia y reparación para el pueblo cubano. Los perpetradores deben ser investigados y procesados, con la diferencia de que esto se hará en democracia, con las garantías legales que correspondan, garantías que la dictadura le ha negado a nuestros presos políticos durante más de 60 años”.

La joven reportera no tiene “ninguna duda de que vamos a regresar”, para construir “un país con derechos para todos y todas, que aterrice finalmente en el siglo XXI”.