Amenazan con cárcel a esposa de preso político del 11J

La Seguridad del Estado cubano amenazó con cárcel a Yuneisy Santana González, esposa del manifestante de las protestas de julio de 2021 (11J) Samuel Pupo Martínez, por exigir, a través de las redes sociales, la libertad de los presos políticos y pedir a los familiares unirse a sus reclamos, según reportó este martes Radio Televisión Martí.

Pupo Martínez fue sentenciado a tres años de privación de libertad por cargos de "desórdenes públicos" y "desacato" tras participar en las protestas antigubernamentales del 11J en la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Desde entonces su esposa exige su liberación, así como la del resto de los manifestantes encarcelados.

Santana dijo al medio citado que la policía política le advirtió la pasada semana, durante un interrogatorio al que fue citada, que podrían acusarla de "instigación a delinquir".

"Ellos siguen mis publicaciones, eso lo sabemos, que ellos están medidos en todo. (Ahora) dicen que en la última publicación que hice estoy incitando a los familiares de los presos por las manifestaciones a tirarse para la calle, y que eso se llama delinquir", advirtió.

Según contó la esposa de Pupo Martínez, durante el interrogatorio policial las autoridades la amenazaron diciéndole que estaba incurriendo en un delito que aparece en el nuevo Código Penal del régimen.

Santana contó que los agentes de la Seguridad le “leyeron el delito" y que le aseguraron que esta vez le iban a hacer “una advertencia nada más”, pero que, si incurría de nuevo en lo mismo, podían iniciar el proceso legal. También la amenazaron con enviarla 8 años a una cárcel si era condenada por este delito.

El nuevo Código Penal incluye el Artículo 268 sobre instigación a delinquir, que tiene varias modificaciones con respecto al anterior.

Laritza Diversent, de la consultoría jurídica independiente Cubalex, explicó que “en el apartado primero el límite mínimo del marco penal de la sanción de privación de libertad se incrementa de tres meses a seis meses, mientras el límite máximo permanece igual. Se reduce el marco penal, pero se incrementa la severidad".

El Artículo 268 establece además, en su punto 4, que "si los hechos previstos en los apartados anteriores se realizan a través de las redes sociales u otros medios de comunicación social, las sanciones previstas en cada caso son aumentadas en la mitad en sus límites mínimos y máximos".

Por su parte, Santana aseguró: "Yo les dejé claro que voy a seguir denunciando la situación de mi esposo, injustamente preso, y su enfermedad y su salud, y ellos me dicen que sí, que puedo seguir, pero individualmente... la de mi esposo".

En Cuba hay más de 1000 personas en prisión por motivos políticos, según la organización defensora de los derechos humanos Prisioners Defenders.

De acuerdo con el Grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J, hasta hoy se registran arrestos a más de 1700 personas por hechos relacionados con el levantamiento popular de julio de 2021. De ellas, 758 personas continúan en prisión y 706 han sido juzgadas.