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Situación de DDHH en Cuba continúa siendo de extrema gravedad, señala OCDH

Durante el año anterior, el OCDH documentó más de 5.499 acciones represivas

Actualizado: Thu, 01/19/2023 - 11:26

La situación de los derechos humanos en Cuba continúa siendo de extrema gravedad , y empeora en la medida que se profundiza la crisis general del régimen cubano y la falta de voluntad política de las autoridades para realizar los cambios que el país necesita, afirma el Informe Anual 2022 del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

"Es difícil encontrar un ámbito del ejercicio de los derechos que escape a la crisis. La represión se mantiene en niveles preocupantes, dotándose el Estado de nuevos mecanismos legales para impedir o castigar cualquier expresión de descontento ciudadano", indica el documento, difundido este jueves.

El OCDH observó en 2022 la consolidación de patrones como la represión, que ha mantenido su escalada hacia sectores de la población no vinculados tradicionalmente a la oposición política. Esta tendencia se manifestó en la represión desatada contra los manifestantes del 11 y 12 de julio de 2021, y en 2022 contra manifestaciones en varias zonas del país.

Durante el año anterior, el OCDH documentó más de 5.499 acciones represivas.

Otro patrón predominante fue el encarcelamiento o exilio forzoso de activistas y opositores. Se mantuvieron presos destacados activistas políticos y miembros de la sociedad civil, y aquellos que no estaban en prisión sufrieron citaciones policiales, amenazas y retenciones en su domicilio de manera constante, con el fin de que desistieran de sus labores como activistas o periodistas, o que abandonaran el país, tal y como ocurrió con al menos 53 de ellos.

El año pasado también se consolidó la tendencia de retener o sitiar a los activistas y opositores en sus domicilios de manera ilegal, para impedirles el ejercicio de sus actividades y derechos. Se documentaron al menos 1.447 retenciones de activistas, opositores o familiares de presos en sus viviendas.

En 2022, el OCDH documentó al menos 1.354 detenciones arbitrarias, de las cuales 832 correspondieron a mujeres, la cifra más alta desde 2018.

Se documentaron además más de 697 acciones represivas contra periodistas independientes, destacando las amenazas, vigilancia, las citaciones y las restricciones de datos móviles y telefonía.

Además, la organización denunció que el gobierno cubano continúa sin dar acceso a organismos internacionales para que verifiquen el estado del sistema carcelario, integrado por al menos 293 centros, con la población penitenciaria per cápita más alta de América Latina, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Acciones concretas

En este sentido, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos recomienda en su informe anual a gobiernos, instituciones y organizaciones internacionales "redoblar sus esfuerzos en apoyo a los activistas cívicos, a la sociedad civil independiente, y la asistencia a personas excluidas por el ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos, los presos políticos y de conciencia y sus familiares".

Asimismo, pide que los instrumentos de cooperación con la Isla, los ya previstos y cualesquiera que puedan acordarse, entren en vigor de manera escalonada, “condicionando su implementación a avances reales en materia de democracia, derechos humanos y libertades económicas en Cuba”.

Para el OCDH es importante que en cualquier agenda de diálogo bilateral con las autoridades cubanas se exija la eliminación del nuevo Código Penal, la criminalización del ejercicio de los derechos humanos y de la pena de muerte.

Solicita también la constitución de un grupo de seguimiento a la situación de los derechos humanos en Cuba, formado por Estados Unidos, la Unión Europea, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que éste grupo escuche a la sociedad civil independiente.

Por último, recomienda “sancionar o continuar sancionando, individualmente, a los violadores de derechos humanos, bajo los principios de las leyes Magnitsky y otros programas de rendición de cuentas de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Australia, Reino Unido y otros países”.


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