Crisis migratoria aumenta ocupación de viviendas en Cuba, según el régimen

Autoridades del régimen cubano aseguraron que la crisis migratoria actual ha desatado un aumento en el número de ocupaciones ilegales de viviendas a lo largo de la isla, según un reporte del medio oficialista radio CMHW, de  Villa Clara.

Según este reporte, la usurpación de casas en Cuba se disparó notablemente en 2022, en medio de la crisis económica y social que el régimen le atribuye a la pandemia de Covid-19. Añaden que el “tema migratorio”, en un período donde más de 300 mil cubanos han salido de la isla rumbo a Estados Unidos, también está promoviendo esas ocupaciones.

El medio indica que esta oleada de ocupaciones ilegales de casas y locales estatales generó “preocupación” en personas naturales y jurídicas, por lo que se tomó en cuenta en el nuevo Código Penal del régimen, donde adquirió “figura delictiva”.

La Gaceta Oficial de la isla explica desde marzo de este año las particularidades de este delito, y deroga la burocracia que hacía de este procedimiento y de la expulsión de los ocupantes un tema “largo y tendido”. Ahora la solución es más efectiva y el castigo a los violadores de esta disposición más claro.

Explicaron que el primer paso es convidar por “las buenas” a que los ocupantes ilegales abandonen la casa ajena. Si se negaran, son denunciados a la policía local, que debe actuar de inmediato y extraer a los ocupantes. También se notifica a Fiscalía Provincial del delito.

Yureisy García Cobas, Fiscal Jefa Municipal de Santa Clara, agregó que ello conlleva “una orden de registro y un acta de detención”, y en 72 horas tras la extracción de las personas ilegales, este órgano de justicia debe valorar cuál sería la medida cautelar a aplicarles, que en la mayoría de los casos es prisión preventiva.

Según García Cobas, el municipio de Santa Clara, la capital villaclareña, ha sido uno de los más afectados por esta situación, aunque en la actualidad solo existen dos casos en proceso, pero no excluye que existan otros sin haber sido denunciados.

“Tras el aumento de las usurpaciones de viviendas en Cuba, y la preocupación del pueblo, se tipifican estas acciones como delito y se establece un marco sancionador que incluye prisión de 6 meses a dos años, o multas de 200 a 500 cuotas para los que incurran en estos actos ilegales. Las sanciones se agravan de acuerdo a otros delitos asociados a estos hechos, y cada caso adquiere características diferentes”, concluye José Ramón González Guadarrama, juez de la provincia.