Denuncian que hay “casos de anemia” en cárceles cubanas por mala alimentación

Presos políticos cubanos y activistas de derechos humanos denunciaron esta semana la crítica situación con la alimentación y la falta de medicamentos en los centros penitenciarios del país.

“No dan las porciones reglamentarias de alimentos y el déficit de atención médica es muy duro. Hay casos de anemia, me estaban diciendo, debido a la situación de las defensas bajas por falta de proteína”, declaró a Radio Televisión Martí el periodista independiente Adriano Castañeda, sobre denuncias desde las prisiones de la provincia de Sancti Spíritus, en el centro de la isla.

El activista Orestes Yumar Julián Gómez, miembro del Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País, también denunció desde la cárcel provincial Nieves Morejón de Sancti Spíritus, que “la comida es un sancocho y los medicamentos no se les están suministrando a los reclusos como debe ser”.

Por su parte, el preso político Reinier Calderín Socarras, detenido en el penal de máxima seguridad de Kilo-8, en la ciudad de Camagüey, dijo al citado medio que fue castigado con 30 días de suspensión de los llamadas telefónicas por criticar las pésimas condiciones que sufren los reclusos en ese lugar.

El activista de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y coordinador del presidio político “Orlando Zapata Tamayo”, aseguró que “los culpables de toda esta situación son los oficiales de la Seguridad del Estado, el capitán Joan y el teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, director de la prisión”.

“Se está muriendo de hambre la población penal por la poca alimentación disponible”, advirtió el activista Ramón Zamora sobre la situación en las prisiones de Playa Manteca, en Mayarí, y las cárceles del Yayal y Cubasí, en la provincia de Holguín.

“Debido a esta situación, la dirección provincial de Cárceles y Prisiones ha decretado que los familiares pueden llevar diariamente, incluso, alimentos elaborados en las casas al familiar que tengan en esos centros penitenciarios”, dijo Zamora.

Juan Carlos González Leyva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, también advirtió sobre el delicado estado de salud del preso político Carlos Manuel Pupo Rodríguez, manifestante del 11J en San Antonio de los Baños (La Habana) y fundador del Partido Unión por Cuba Libre (Puncli), quien tiene una condena de seis años de prisión en el penal 5 y Medio, en Pinar del Río.

“Sufre de tuberculosis y también neumonía… Confinado en una galera de esa cárcel, donde los carceleros le están negando la asistencia médica, según la denuncia presentada por el preso político en una comunicación telefónica con sus familiares. Pupo padece de hipertensión arterial, y es diabético, y le están negando la asistencia médica”, alertó González Leyva.

Más de 90 000 personas están encarceladas en Cuba, según datos recopilados por la organización de derechos humanos Prisoners Defenders (PD).

En un informe de la ONG y Civil Rights Defenders basado en diferentes fuentes y testimonios de agentes del Ministerio del Interior cubano, se señala que en la isla existirían actualmente unos 90 300 presos y 37 500 personas en “otras situaciones de control judicial y policial”, lo que suma un total de 127 800 “entre convictos y condenados”.

En 2012 el Gobierno cubano declaró por única vez, a través del periódico Granma del Partido Comunista, que existían en el país 57 337 reclusos. Según esta cifra, que maneja el más reciente informe del Institute for Crime & Justice Policy Research, de la Universidad de Londres, Cuba es el quinto país entre los que tienen mayor tasa de población penal del mundo.

Sin embargo, Sébastien Touze, vicepresidente del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, aseguró en mayo de este año que “Cuba tendría la población carcelaria más alta del mundo. Estas cifras ya las hemos verificado, hay 797 detenidos por cada 100 mil habitantes, lo cual significa un 7,94 por ciento de la población que se encuentra en la cárcel. Además, de esas 90 300 personas encarceladas, 38 mil no tendrían antecedentes penales y por ello se encuentran ante una primera condena de pena privativa de la libertad”.