Líneas de cruceros demandadas por viajes a Cuba tratan de que el caso no llegue a la Corte Suprema

El prolongado enfrentamiento legal entre Havana Docks Corporation y cuatro importantes líneas de cruceros ha dado un nuevo giro. Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises han solicitado al Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito que remita la demanda al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, sin mayores demoras. Este proceso legal, que se enmarca en el controvertido Título III de la Ley Helms-Burton, se ha convertido en un caso emblemático para las reclamaciones sobre propiedades confiscadas en Cuba.

En diciembre de 2024, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito denegó una solicitud de Havana Docks Corporation para una audiencia en pleno, una decisión que cierra temporalmente la posibilidad de revisar el fallo a nivel de apelaciones. Según la corte, “ningún juez en servicio regular en activo solicitó que este caso fuera evaluado nuevamente”, dejando el litigio en manos del tribunal de distrito original.

Las compañías demandadas argumentan que es improbable que la Corte Suprema acepte revisar el caso, y celebran las decisiones judiciales hasta el momento. En un comunicado conjunto, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings y Royal Caribbean Group expresaron su satisfacción por el fallo, mientras Carnival Corporation declinó hacer comentarios adicionales sobre el litigio.

La demanda se remonta a una decisión de 2022, cuando un juez federal de Miami condenó a las cuatro compañías a pagar $439 millones a Havana Docks Corporation. El argumento central del caso era que estas empresas habían utilizado los muelles del puerto de La Habana, confiscados sin compensación por el gobierno de Fidel Castro en 1960, para llevar pasajeros a Cuba entre 2016 y 2019. Esta actividad fue considerada como “turismo prohibido” bajo la Ley Helms-Burton.

Sin embargo, en noviembre de 2024, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito anuló el fallo inicial con un dictamen dividido de dos a uno. La corte argumentó que la concesión de 99 años que Havana Docks tenía sobre los muelles había expirado en 2004, lo que invalidaba sus reclamos de “propiedad en pleno dominio” sobre las instalaciones utilizadas por las compañías de cruceros.

El Título III de la Ley Helms-Burton, activado por la administración de Donald Trump en 2019, permite a los ciudadanos estadounidenses demandar a entidades que se beneficien de propiedades confiscadas por el gobierno cubano. Desde su implementación en 1996, todos los presidentes anteriores habían suspendido esta disposición debido a sus implicaciones diplomáticas y legales. Este caso fue el primero en generar un fallo basado en esa provisión.

A pesar de las esperanzas iniciales de Havana Docks, los fallos judiciales han favorecido a las compañías demandadas, argumentando que el marco legal de la concesión no sustentaba las reclamaciones realizadas. Este resultado también subraya las dificultades inherentes a la aplicación de la Ley Helms-Burton en disputas complejas sobre propiedades confiscadas hace más de seis décadas.

El litigio tiene un impacto significativo, no solo para los demandantes y las líneas de cruceros, sino también para el contexto diplomático y económico entre Estados Unidos y Cuba. La decisión final podría sentar un precedente para futuros reclamos relacionados con propiedades confiscadas en la isla, mientras las partes interesadas evalúan los límites legales del Título III.

El caso regresará al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, donde se definirá si Havana Docks puede continuar con sus intentos de reclamar compensación