Políticos republicanos presentan ley para ampliar sanciones de EEUU a “la oligarquía militar en Cuba”

Congresistas y senadores del Partido Republicano presentaron este viernes un proyecto de ley que busca ampliar el sistema de sanciones de los Estados Unidos a funcionarios de la dictadura cubana, sus familiares y a personas y empresas extranjeras que negocien con el aparato militar del castrismo.

Los representantes de Florida, María Elvira Salazar, Byron Donalds y Mario Díaz-Balart reintrodujeron la Ley bicameral de Denegación de Ingresos a la Oligarquía Militar en Cuba y Restricción de Actividades del Aparato de Inteligencia Cubano (Ley Democracia, por su sigla en inglés), que busca “responsabilizar al ilegítimo régimen comunista cubano a través de sanciones integrales y una presión financiera sin precedentes”.

Asimismo, los senadores Marco Rubio y Rick Scott, de Florida; Tim Scott, de Carolina del Sur; Tommy Tuberville, de Alabama; y Roger Marshall, de Kansas, presentaron el proyecto de ley complementario en el Senado.

“Como hija de exiliados cubanos, estoy comprometida a luchar contra el régimen asesino que obligó a muchos de nosotros a huir”, dijo Salazar.

“La Ley Democracia garantizará que cualquier empresa extranjera que elija hacer negocios con el régimen de Castro no podrá hacer negocios con Estados Unidos. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras las empresas extranjeras suministran oxígeno a una dictadura brutal. Estados Unidos no debe hacer negocios con dictadores”, agregó la congresista cubanoamericana.

De acuerdo con un comunicado al que tuvo acceso ADN Cuba, la Ley Democracia autorizaría al presidente de EE. UU. a imponer sanciones a los miembros del gobierno cubano y sus familias, así como a cualquier persona extranjera que participe en cualquier actividad que involucre al aparato de defensa, seguridad o inteligencia de Cuba, o cualquier otro sector utilizado por el régimen para cometer violaciones de los derechos humanos o brindar apoyo al terrorismo internacional.

“El proyecto de ley también diseña un grupo de trabajo para brindar acceso a Internet al pueblo cubano que sería imposible de censurar por las autoridades cubanas. El acceso a información gratuita permitirá que el pueblo cubano se movilice más eficientemente contra su gobierno mientras documenta los continuos abusos a los derechos humanos que el gobierno cubano perpetra contra su población”, explica el documento.

El congresista Byron Donalds manifestó, a propósito de la ley: “Durante seis décadas, el pueblo cubano ha enfrentado horrores inimaginables que le han negado sus derechos humanos fundamentales, los ha sometido a encarcelamientos y abusos, y ha limitado la prosperidad de millones. Esta legislación apunta a los peores abusadores del gobierno autoritario responsables de sus atroces violaciones de los derechos humanos contra los activistas por la democracia y reafirma nuestro compromiso con la libertad y la justicia”.

Por su parte, el representante Mario Díaz-Balart dijo que le “enorgullece, una vez más, unirme a mis colegas en esta legislación crucial para imponer duras sanciones a quienes enriquecen la dictadura cubana asesina, opresiva y antiestadounidense”.

Según señaló Díaz-Balart, “mientras los valientes activistas a favor de la democracia y los derechos humanos siguen enfrentándose a la brutalidad, el encarcelamiento y la represión por el simple hecho de exigir la libertad, esta legislación negará recursos a la maquinaria de opresión del régimen, incluido el ejército cubano y la Seguridad del Estado”.