Resolución 56, ordenar con el mazo dando

Un viejo proverbio dice que “el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”, pero los cubanos tropiezan no dos veces, sino muchas, con la misma piedra. Y aunque otro refrán reza que “guerra avisada no mata soldados”, de tan ingenuos siempre caen en la misma trampa.

Me refiero a la reincidencia de ciudadanos que confiaron en los experimentos de los burócratas comunistas -pésimos economistas, acérrimos enemigos de la prosperidad particular y aberrados represivos de todo lo que sea trabajar con democracia- y terminaron esquilmados.

A través del tiempo, los intentos de montar un negocio en Cuba han transitado por múltiples alternativas que, al final, son aplastadas por el Estado con una ley que lleva al fracaso a los propietarios privados. Cierran sus negocios. Pierden las inversiones. En muchos casos las infraestructuras que construyeron para sus planes fallidos terminan en el olvido.

El último caso: las Micro, Medianas y Pequeñas Empresas (mipyme) ,que resolvían, en cierta medida, el gran problema de la alimentación del pueblo, recientemente recibieron un mazazo con la Resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior, que canceló las licencias de ventas mayoristas a empresas privadas que no sean productores directos.

A partir de la entrada en vigor de la resolución, las Mipymes y las cooperativas no agropecuarias que deseen mantener su actividad mayorista, tendrán 90 días para ratificar su alianza con empresas estatales, actualizar su objeto social y renovar su licencia comercial. Aquellos que no acepten esta “obligación”, tendrán 120 días para liquidar su inventario, comercializando los bienes de forma minorista si cuentan con la licencia correspondiente.

Esta medida no solo tendrá efecto en las empresas dedicadas a la comercialización mayorista, sino que también afectará a los negocios de venta minorista que se nutrían de los productos que estas importaban.

Varios cuentapropistas entrevistados confesaron que muchos negocios cerrarán con la nueva medida. Luis Machado, dueño de una cafetería en la calle 300 y 7ma, en Santa Fe, dice que entregará la licencia y liquidará la declaración jurada del año.

“Voy a vender lo que tengo en inventario antes de que se acabe el año y voy a vender el local, que me costó casi 60 000 pesos en materiales.  Lo mío es un negocio chiquito, pero no quiero perder más de lo que ya he perdido”.

Por su parte, Carlos Suárez, gerente de una mipyme de Jaimanitas, no conocía nada de la nueva medida. Cuenta que ayer recibió una visita sorpresiva de los inspectores y que le revisaron hasta las rejillas.

“Para mí que fue un aviso. En Jaimanitas ahora mismo está tirada la policía con el cuerpo de inspectores. Muchos negocios particulares están cerrados, por miedo a que le  cojan algo fuera de lugar y se la apliquen”.

Carlos se pregunta: "Si cierran las mipymes, ¿quién le venderá lo que necesita el pueblo?"

La semana pasada se realizó en el país un operativo nacional de “prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales” que tuvo a los cuentapropistas y empresas privadas como principales blancos de multas, ventas forzosas, decomisos y cierre de negocios.

La Resolución 56 es una pieza más dentro del grupo de medidas que marcan el retroceso económico experimentado en el 2024 en Cuba. En julio el gobierno retiró la licencia de importación a casi un tercio de los negocios privados autorizados, acusados de “bajo nivel de actividad y mal trabajo”.

En fin, un plan para minimizar la gestión privada. Otra piedra de tropiezo para los sueños de prosperidad de los cubanos. Otra crónica de una muerte anunciada.