"Estado de terror": reacciones tras alta petición fiscal contra manifestantes de Nuevitas

Organizaciones y activistas cubanos lamentaron este martes las peticiones fiscales contra 14 manifestantes de Nuevitas, Camagüey, que protestaron contra los apagones en agosto de 2022 y aún siguen detenidos.

La Fiscalía del régimen cubano presentó el 22 de septiembre la petición fiscal que va desde 10 hasta 15 años de cárcel.

"Estamos ante una evidencia más del estado de terror y de represión que se está viviendo en Cuba. Vemos cómo mediante esta petición fiscal, la policía política y el Partido Comunista les destruye la vida a estos ciudadanos que hicieron uso de la libertad de expresión y criticaron la situación que vive el país", declaró Yaxys Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Desde el Observatorio, que difundió el lunes este documento, Cires pidió también la liberación de los manifestantes de Nuevitas y del resto de presos políticos de la isla.

Por su parte, el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), Orlando Gutiérrez Boronat, dijo a la redacción que esa petición fiscal "es la evidencia más clara del terror que le tiene el régimen de oprobio y criminal al levantamiento del pueblo cubano.  Valdría la pena que la Unión Europea deje de financiar estas atrocidades".

Según declaró la jurista cubana Laritza Diversent, en el caso de los manifestantes de Nuevitas se repite el mismo patrón visto tras las protestas del 11J, cuando se acusó a un grupo selecto de participantes de "actos sediciosos" y "querer derrocar al gobierno".

"El gobierno insiste en que las personas no ejercen su derecho a la manifestación, su derecho a la protesta como parte de la libertad de expresión, reunión, asociación y manifestación", criticó Diversent.

La abogada cubana señaló que el Estado no ha regulado los derechos de reunión, asociación y manifestación según los estándares internacionales, a pesar de haberse comprometido a ello.

"Lo que estamos viendo con estas nuevas imputaciones es que la fiscalía sigue asimilando las protestas como acto sedicioso", afirmó Diversent. 

Diversent advirtió que en los juicios contra manifestantes se omite sistemáticamente la violencia policial y solo se criminaliza el hecho de protestar contra el gobierno.

Los imputados son Yenis Artola del Sol, Daiver Leyva Velez, Jorge Armando Torrente Muñoz, Jimmy Jhoson Agosto, Mayelin Rodríguez Prado, Keyler Velazquez Medina, Menkel de Jesús Menendez Vargas, Frank Alberto Carrion Suarez, Fray Pascual Claro Valladares, Lisdan Cabrera Batista, Ediolvis Marín Mora, Wilker Álvarez Ramírez, Yanelis Valladares Jaime y Lazaro Alejandro Perez Agosto.

Según la Fiscalía, los cargos contra los manifestantes incluyen sabotaje, sedición, encubrimiento del delito de sabotaje, propaganda enemiga, atentado, resistencia e incumplimiento del deber de denunciar.

Las protestas del año pasado se concentraron en el populoso barrio Pastelillo, de Nuevitas, y reunieron a cientos de ciudadanos que reclamaban el fin de los prolongados apagones, así como libertades civiles y políticas. Los manifestantes marcharon hacia la sede local del Partido Comunista.

El vocero castrista Humberto López los acusó en televisión nacional de perpetrar actos terroristas instigados y pagados por grupos externos. Algunos manifestantes fueron presentados autoinculpándose en el programa Razones de Cuba. 

Ante las protestas del 18 y 19 de agosto en esa localidad, el régimen cubano respondió con la militarización de la zona y varias detenciones e interrogatorios, según denuncias ciudadanas vertidas a través de las redes sociales y recopiladas por grupos de la sociedad civil independiente.

Organizaciones como Amnistía Internacional, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Artículo 19 denunciaron la “represión” y “detención arbitraria” de los manifestantes de Nuevitas.