Preso político con tendencias suicidas se encuentra sin medicamentos

El preso político Abel Lázaro Machado Condes, condenado a 9 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, no tiene acceso a tratamiento psiquiatrico dentro de la prisión de Quivicán, en Mayabeque.

El joven, que padece de trastorno orgánico de la personalidad desde pequeño y que ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones, no fue considerado apto para pasar el Servicio Militar Obligatorio, pero sí para estar preso, según denunció su madre, Beatriz Conde Mesa, a través del activista Alberto Fonseca, conocido como Albert Fonse en Twitter.

En un video difundido por Fonseca, Condes Mesa muestra los documentos médicos que avalan los padecimientos de su hijo. El dictamen médico asegura que Machado Condes tiene tendencias suicidas.

La madre visitó al reo recientemente, y el 7 de febrero recibió una llamada de él en la que le contó que una psiquiatra le dijo que “tiene que relajarse” pues su condena es larga.

“Si mi hijo se me quita la vida que está en su mente, ella es responsable, como todos los fiscales que lo condenaron. Yo no tengo vida, estoy al borde la locura, mi hijo no puede más y todos ellos van a ser culpables de su muerte” expresó Conde Mesa.

Las detenciones verificadas en el contexto de las protestas antigubernamentales de julio de 2021 ascienden, al menos, a 1 540 personas arrestadas, según informó el grupo defensor de los derechos humanos Justicia 11J.

"En los últimos días, hemos incorporado 13 nuevos nombres de personas detenidas en el contexto del 11J, para un total de 1540", explicó la organización en sus redes sociales. "De ellas, 675 permanecen en detención, y 730 han sido juzgadas", precisaron la semana pasada.

Las cifras que se han podido verificar "solo representan un sub registro de las cifras reales de detenidos, que únicamente podrán ser obtenidas con la mediación de instancias internacionales que reclamen información transparente, exigiendo al Estado cubano el cumplimiento de normativas internacionales, tratados, pactos y acuerdos de diálogo político", advirtió el grupo de activistas en un informe publicado en conjunto con el Centro de asesoría legal Cubalex.