Encierran en celda de castigo a manifestante del 11J

El preso político cubano Juan Enrique Pérez Sánchez, condenado por su participación en las protestas antigubernamentales de julio de 2021 (11J) en el poblado de San Antonio de las Vegas, provincia Mayabeque, fue confinado a una celda de castigo en la prisión de Quivicán, según informó este jueves a ADN Cuba el activista Marcel Valdés.

El opositor explicó a nuestro medio que Pérez Sánchez “se puso en la cárcel un pulóver blanco que decía Patria y Vida y gritó ꞌViva la Constitución de 1940ꞌ” tras enterarse de que su esposa, Dayana Aranda Batista, había sido agredida físicamente por la policía por negarse a ir a una supuesta citación sin ninguna constancia legal a inicios de este mes.

Aranda Batista confirmó a esta redacción lo denunciado por Valdés: su esposo “está en celda de castigo porque se manifestó dentro de la prisión, cuando le llegó la noticia de la agresión contra mi aquí afuera”.

“Él se quitó la ropa de preso, se escribió 'Patria y vida' y empezó a gritar 'abajo la dictadura', 'abajo el comunismo', 'viva la constitución de 1940'”, detalló la esposa a ADN Cuba.

Por su parte, Valdés agregó que recientemente Aranda Batista visitó al prisionero político en la cárcel y conoció que “está en una celda de castigo, sin comida, agua ni colchón, y no puede caminar”.

“El jefe de la prisión le dijo a Dayana que lo iban a dejar tres meses en celda de castigo”, detalló el activista.

Asimismo añadió que Aranda Batista está preocupada porque su esposo “no puede caminar, tiene una hernia discal y luego de las golpizas y el maltrato en la prisión tiene crisis todo el tiempo”.

Pérez Sánchez “ha sido torturado bastante en la cárcel y hasta le rompieron una costilla que nunca se le curó”, denunció Valdés.

A inicios del pasado mes, el manifestante del 11J también hizo una huelga de hambre en reclamo de su liberación y por las pésimas condiciones imperantes en el centro penitenciario de Quivicán, según denunció su esposa.

Pérez Sánchez fue condenado a ocho años de privación de libertad por los supuestos delitos de “sabotaje, desacato y desórdenes públicos”.

Varios presos políticos han advertido en los últimos meses a sus familiares sobre el deterioro de las condiciones de vida en las cárceles del régimen. En las denuncias señalan la desatención médica, la mala alimentación, la falta de medicinas, torturas y otras violaciones de los derechos de los reclusos.

Amnistía Internacional condenó nuevamente las violaciones de derechos humanos que ocurren en Cuba en su informe 2022/23, publicado el 27 de marzo.

Por su parte, el equipo del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Políticas Justicia 11J detalló a ADN Cuba que desde las protestas masivas de julio de 2021 han registrado la detención de 1812 personas, como parte de la respuesta estatal a distintas manifestaciones antigubernamentales. 

Según el grupo defensor de derechos humanos, al menos 768 cubanos continúan en prisión y 742 han sido juzgados principalmente por el 11J, la convocatoria a la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre (2021) y las protestas de 2022 por el agravamiento de la crisis económica y social.

En total serían, al menos, 990 las personas presas y condenadas o pendientes a juicio por expresar su descontento con el régimen del Partido Comunista.