El preso político del 11J Leonel Tristá García, excarcelado en 2025, lleva dos días detenido en Santa Clara bajo una orden de revocación, confirmaron fuentes de la ciudad a ADN Cuba.
De acuerdo con una fuente cercana a Tristá García, el opositor se encontraba el 16 de junio en su vivienda en el barrio El Condado, cuando llegaron agentes policiales con una supuesta orden de registro.
"Él se negó a que le registraran su casa porque se da cuenta de que la documentación no está completa", añade la denuncia.
En ese momento la policía se retira del lugar, pero en horario de la tarde del mismo día regresaron para detenerlo por los supuestos delitos de orden público y desacato.
Tristá García se encuentra en la Tercera Unidad de la Policía en Santa Clara con una orden de revocación de su licencia extrapenal, obtenida en enero de 2025.
Esto implicaría que el opositor regrese a prisión a cumplir lo que resta de su sanción de ocho años de cárcel.
En similar situación se encuentra la presa política del 11J Yunaykis Linares, detenida el 2 de junio pasado durante manifestaciones en su barrio Santa Amalia, Arroyo Naranjo y trasladada a la cárcel 'El Guatao'.
Linares Rodríguez fue golpeada durante su arresto, posteriormente en la estación policial de El Capri y dentro del propio VIVAC, centros por los que pasó en las últimas dos semanas.
La joven tenía 24 años cuando fue encarcelada y condenada a 14 años de prisión por el delito de sedición por participar en las manifestaciones del 11J en la isla.
Luego de apelar, le rebajaron la sentencia a ocho años.
En caso de que se confirme su revocación, Yunaykis aún tendría que pasar otros tres años presa.
Revocaciones tras excarcelaciones de 2025
Un reporte de la organización Cubalex de finales de 2025 contabiliza que luego del proceso de excarcelaciones de enero de ese año, al menos siete presos políticos habían sido devueltos a prisión.
A esta cifra se han sumado varios casos en lo que va de 2026.
Para la organización, quienes están siendo revocados tienen perfiles altamente visibles: son activistas con impacto en redes sociales, respaldados por organizaciones internacionales y que han mantenido una postura crítica tras su excarcelación. Además, se han negado a colaborar con la Seguridad del Estado y continúan ejerciendo derechos fundamentales como la libertad de expresión y la denuncia pública.
"Esa combinación de visibilidad, resistencia y continuidad en su activismo los convierte en blancos de represalias mediante revocaciones arbitrarias de su libertad condicional o licencias extrapenales", agregan.
