Régimen cubano “reprimió y criminalizó implacablemente” a disidentes para evitar otro 11J, denuncia Civicus Monitor

La organización no gubernamental Civicus Monitor, con sede en Sudáfrica, denunció que el régimen cubano utiliza “tácticas muy eficaces” para presionar a la ciudadanía y coartar la libertad de expresión.

En su informe anual, titulado "Poder Ciudadano Bajo Ataque 2022", la ONG señaló que la violación de derechos humanos más común a nivel internacional fue "el acoso a activistas de la sociedad civil y periodistas independientes". Civicus Monitor, una alianza global de entidades que defiende la sociedad civil, con sede en la ciudad de Johannesburgo, denunció que en ese sentido Cuba es un claro ejemplo, notorio por el acoso sistemático y la represión contra activistas y periodistas independientes.

"El gobierno autoritario de Cuba" trató todo el año pasado de impedir que se repitieran "las protestas sin precedentes que sacudieron el país el 11 de julio de 2021”, indica otro estudio de Civicus Monitor, titulado "Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil 2023".

"Durante septiembre y noviembre de 2022, varios defensores de derechos humanos denunciaron diversas formas de acoso con el fin de obligarlos a cerrar sus organizaciones o renunciar a sus cargos", señala el informe.

Como ejemplo, se mencionó el caso de la familia de la directora del Centro de Asesoría Legal Cubalex, Laritza Diversent. La policía política cubana acosó a la madre de Diversent, residente en la isla, y según las denuncias, le dijeron que sólo recibiría atención médica y apoyo con cuestiones de vivienda, si su hija renunciaba a la organización no gubernamental que nació en Cuba y hoy continúa su labor desde Estados Unidos, para promover reformas al sistema jurídico de Cuba y defender los derechos humanos en la isla.

En Cuba se “reprimió y criminalizó implacablemente toda expresión de disenso, manteniendo a cientos de manifestantes y activistas encarcelados, condenando a decenas de personas a largas penas de prisión y reescribiendo el Código Penal para criminalizar todas las tácticas de organización y movilización utilizadas para expresar disenso”, agregó Civicus Monitor.

Además, el informe hizo referencia a “la cantidad de cubanos que están huyendo de su país”, que “ha alcanzado cifras récord”. "La intensificación de la represión y la penuria económica están provocando un éxodo sin precedentes del debilitado Estado de partido único".

¿Por qué huir del paraíso?, se pregunta en el informe en referencia al éxodo cubano. El análisis incluye una entrevista a la historiadora de arte y activista política cubana Carolina Barrero.

La joven exiliada comentó que “la dictadura cubana conoce muy bien cómo presionarnos utilizando a nuestras familias y nuestras vidas privadas porque nos tienen bajo vigilancia y lo saben todo".

"Por ejemplo, saben si tu madre sufre del corazón y le hacen una visita para obligarte a que te quedes tranquila y no la mates de un infarto. Si cometiste una infidelidad, te amenazan con mostrarle fotos a tu pareja. Si estás en la universidad, te amenazan con la expulsión. Si vives en una vivienda rentada, presionan a tus caseros para que te echen. Su táctica es detectar tu debilidad y chantajearte para someterte. Al final uno se cansa de esta vida y prefiere autocensurarse", añadió.

Barrero afirmó que con ella “esas amenazas no tenían asidero, así que me amenazaron con atentar contra la libertad de terceras personas".

"Sabían de mis vínculos estrechos con las madres con hijos presos, y particularmente con Yudinela Castro y Bárbara Farrat. La mayoría de las madres vive en una situación de mucha precariedad y no puede denunciar las arbitrariedades que padecen. Muchas tienen a más de un hijo preso, o también a sus esposos, por lo que están bastante solas. Cuando me amenazaron con criminalizarlas y encarcelarlas, decidí que esta vez sí me tenía que ir", explicó la activista.

Desde las protestas masivas de julio de 2021, Justicia 11J ha registrado las detenciones de 1812 personas, como parte de la respuesta estatal a distintas manifestaciones antigubernamentales. Según el grupo defensor de derechos humanos, al menos 768 cubanos continúan en prisión y 742 han sido juzgados principalmente por el 11J, la convocatoria a la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre (2021) y las protestas de 2022 por el agravamiento de la crisis económica y social.

En total serían, al menos, 990 las personas presas y condenadas o pendientes a juicio por expresar su descontento con el régimen del Partido Comunista.