El régimen aumenta la cantidad de zonas de playa que le restringen el acceso a los cubanos

En noviembre de 2023, el régimen dictatorial que gobierna Cuba aprobó el Decreto-Ley 77, una normativa que, aunque en apariencia reconoce el carácter público y gratuito de las playas y costas del país, establece una serie de excepciones que, en la práctica, restringen el acceso de los ciudadanos cubanos a estos espacios naturales. La medida, publicada en la Gaceta Oficial, ha generado críticas por su evidente subordinación a intereses económicos, especialmente los del conglomerado militar GAESA, que controla gran parte del sector turístico en la Isla.

El Artículo 29 del Decreto-Ley 77 afirma que "la utilización de la zona costera es libre, pública y gratuita para los usos comunes de acuerdo con su naturaleza". Sin embargo, este derecho queda condicionado por una lista de excepciones que incluyen áreas de interés para la defensa, la seguridad, instalaciones portuarias, zonas protegidas y otras de carácter estratégico.

Estas restricciones tienen su origen en normativas previas como el Decreto-Ley 331 de 2015, que permite declarar ciertas áreas como "zonas especiales", afectando derechos constitucionales como el uso colectivo y la movilidad. Desde entonces, playas como Cayo Saetía (Holguín), la cayería norte de Villa Clara, o la costa sur de Sancti Spíritus han sido designadas como zonas restringidas, limitando el acceso a los nacionales mientras se privilegia a los turistas extranjeros.

Bajo estas normativas, el acceso a varias de las playas más emblemáticas de Cuba queda limitado a quienes pueden costear la estancia en hoteles de lujo o los denominados "pasadías". Para muchos cubanos, especialmente los trabajadores estatales y jubilados, estas opciones están fuera de su alcance económico.

Ese es el caso del considerado "mejor tramo de playa del mundo, en el hotel Meliá Las Antillas", en Varadero, que según su subdirector general Yoel Luis Hernández Lantigua "es un bello tramo de mar, una zona destinada solo a los clientes alemanes, complaciendo así a un segmento que tiene requerimientos especiales".

Los nacionales sin reservas hoteleras tienen prohibido el ingreso a estas playas. Incluso aquellos que logran hospedarse enfrentan restricciones adicionales: se les niega el acceso a embarcaciones de recreo, privilegio reservado exclusivamente para extranjeros.

El control sobre el acceso a las zonas costeras es estricto. A la entrada de los pedraplenes que conectan las islas principales con los cayos, fuerzas policiales y órganos de contrainteligencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias supervisan cada vehículo. Mientras los extranjeros solo necesitan mostrar su pasaporte, los cubanos deben presentar pruebas de su reserva hotelera o pago de pasadías para avanzar. Aquellos que no cumplan con estos requisitos son rechazados.

Esta situación recuerda las políticas de exclusión que surgieron en la década de 1990, durante el Periodo Especial, cuando los cubanos tenían prohibido hospedarse en hoteles o disfrutar de sus instalaciones. Aunque esa discriminación nunca estuvo formalmente recogida en leyes, ahora cuenta con respaldo legal bajo el nuevo marco constitucional y normativo.

La Constitución cubana de 2019, aunque reconoce que las playas y costas son propiedad socialista del pueblo, permite al Consejo de Estado limitar su uso en nombre del desarrollo económico y social.

Las playas, tradicionalmente símbolos de disfrute colectivo, se convierten ahora en espacios privatizados y vigilados, reflejando una brecha creciente entre el ciudadano común y los intereses gubernamentales.