Madre de preso del 11J exige su Libertad: “son unos esbirros”

Idalmi Salazar, madre del joven prisionero Rolier Salazar, sentenciado a 12 años por las manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021 (11J), exigió la liberación de su hijo esta semana en redes sociales.

“Yo, madre de Rolier Salazar Gonzáles, pido Libertad para mi hijo y todos los presos políticos del 11 de julio”, manifestó Idalmi Salazar en Facebook.

“Basta de injusticia de mierda, de tener a los familiares sufriendo”, agregó la madre, quien calificó a las autoridades como “esbirros” y repitió la consigna “Patria y Vida”, que fue gritada en las calles de la isla durante el levantamiento popular, en oposición al lema castrista “Patria o Muerte”.

De acuerdo con el Grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J, Rolier Salazar participó en la protesta ocurrida el 12 de julio en el barrio habanero de La Güinera. Fue arrestado cuatro días después tras ser identificado en un video donde supuestamente aparecía arrojando piedras a los policías que impedían a los ciudadanos manifestarse.

Justicia 11J, una organización independiente defensora de los derechos humanos, explica en su registro de detenidos y condenados que inicialmente la Fiscalía acusó a Rolier del presunto cargo de “desorden público”, pero luego le imputaron otro delito castigado con mayor severidad: “sedición”.

Salazar, de 36 años de edad, era operario en una fábrica de materiales de la construcción. Se encuentra en el penal de máximo rigor Combinado del Este, cumpliendo una condena de 12 años de privación de libertad.

En Cuba hay más de 1000 personas en prisión por motivos políticos, según la organización defensora de los derechos humanos Prisioners Defenders.

De acuerdo con Justicia 11J, hasta hoy se registran arrestos a más de 1700 personas por hechos relacionados con el levantamiento popular de julio de 2021. De ellas, 758 personas continúan en prisión y 706 han sido juzgadas en su mayoría con severas penas de cárcel.

En total, “son 963 [las] personas [que están] presas y condenadas o pendientes a juicio”, precisa la organización citada, que recopila y verifica datos a falta de información oficial confiable.