Policía política amenaza con prisión a activistas de Pinar del Río

Los activistas cubanos Katia Hernández Torres, Lisandra Orraca Guerra e Irina León Valladares y Esteban Ajete Abascal fueron amenazados el pasado 26 de enero por la Seguridad del Estado con ir a prisión si continúan su labor de defensa de los derechos humanos.

Fueron interrogados por separado en la Unidad Provincial de Instrucción de la Policía en la ciudad de Pinar del Río. A los cuatro les fue impuesta una carta de advertencia diciendo que podrían ser enjuiciados, reportó Radio Televisión Martí.

En esta ocasión, la policía política de Pinar del Río empleó los artículos del nuevo Código Penal, vigente desde diciembre, para amedrentar a las opositoras, que son miembros de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (Flamur) y al líder de  la Liga de Campesinos Independientes de Cuba.

“Fue tétrica esta situación, allí nos amenazaron, ellos dicen que el nuevo Código Penal incluye artículos por los que nos podían imputar porque estábamos delinquiendo cuando hacíamos cualquier tipo de publicación por cualquier plataforma informativa y entonces nos sacaron todos los incisos que según ellos estamos violando”,  contó Ajete Abascal.

El opositor reveló que los agentes de la Seguridad del Estado poseían registros de todas las publicaciones en redes sociales e incluso links de programas donde habían participado y videos de actividades con otras organizaciones.

"Nos dijeron que era la primera advertencia luego de que entrara en vigor el nuevo Código Penal en diciembre, y que de volver a hacer publicaciones ningún abogado nos podría librar de la cárcel, y que por ese tipo de delito pudiéramos recibir condenas entre 3 y 5 años”, refirió.

A León Valladares la amenazaron con cinco años de prisión, a lo cual repuso que “estas amenazas no me van a limitar, todo lo contrario, mi lucha va a ser más fuerte porque hay muchos hermanos míos que están presos y soy la voz de ellos, por tanto continuaré con mi labor en la Flamur, alzando mi voz por todo el mundo”.

A su vez, Hernández Torres expresó que “Fue una penosa situación en un lugar horrendo, pasillos oscuros, rejas, en mi caso me dijeron que por violar la resolución 124 me podían pedir varios años de prisión, es muy humillante como nos tratan esos oficiales del Ministerio del Interior y es muy injusto y doloroso”.