Destapan caso de corrupción en puerto de Santiago de Cuba

Unas 78 personas son procesadas por formar parte de una red de corrupción que operaba en el puerto Guillermón Moncada de Santiago de Cuba, mediante la cual funcionarios, trabajadores portuarios, empresas de carga y transportistas desviaban productos básicos destinados a la población.

De acuerdo con el oficialista Cubadebate, la investigación permitió recuperar más de 60 toneladas de alimentos importados como arroz, frijoles, azúcar y harina, que eran comercializados de forma ilícita. 

Por los delitos cometidos, el régimen podría sancionar a los implicados con hasta 20 años de cárcel. Los productos sustraídos están incluidos en lo que el régimen llama "canasta básica".

Entre los delitos figuran malversación, falsificación de documentos y receptación.

Un reportaje de la Televisión cubana indica que los transportistas pagaban sobornos de entre 8 mil y 9 mil pesos por cada tonelada que se reportaba por debajo del peso real. Posteriormente, vendían los sacos de arroz a precios especulativos en el mercado informal.

Luis Felipe Garrido, fiscal del Departamento de Verificaciones Fiscales de la Fiscalía santiaguera, aseguró que el arroz sustraído era vendido a 200 pesos la libra en el mercado informal.

En los últimos meses el régimen se ha dado a la tarea de detectar casos de corrupción en medio de una aguda crisis económica.

Uno de ellos fue el de un especialista de la Dirección Contable y Financiera de la Empresa de Campismo Popular de Sancti Spíritus por apropiarse ilegalmente de una cuantiosa suma de dinero perteneciente a la entidad estatal, motivo por el cual se le aplicó una condena de 18 años de cárcel. 

Oscar Ramón Rodríguez Socarrás, de 26 años, aprovechó su acceso a las claves y credenciales del sistema bancario virtual de la empresa para realizar múltiples transferencias hacia su cuenta personal entre septiembre de 2022 y mayo de 2023, logrando sustraer un total de 7.968.669 pesos cubanos.

De acuerdo con la investigación, Rodríguez Socarrás comenzó su actividad delictiva en agosto de 2022, cuando la directora contable y financiera de la empresa salió de licencia sin cambiar las credenciales del sistema bancario virtual. Al cursar una capacitación en esa dirección, el imputado logró tener acceso pleno a las tarjetas y contraseñas, lo que le permitió extraer dinero de forma sistemática. La primera transferencia ilegal la realizó el 15 de septiembre de 2022 por un monto de 86,556.50 pesos cubanos, mientras que la última operación, ejecutada el 11 de mayo de 2023, ascendió a 100,000 pesos.

Tras ser hallado culpable, el ciudadano cubano fue acusado formalmente de ser autor de un delito de falsificación de documentos bancarios o de comercio de carácter continuado como medio o fin para cometer una malversación.