Violaciones a derechos humanos en Cuba: detenidos por críticas en redes sociales

La represión contra ciudadanos cubanos que expresan sus opiniones en redes sociales ha crecido en los últimos años. Varios han sido multados, detenidos y enjuiciados por publicar memes, pertenecer a grupos de Facebook o expresar críticas contra el poder.

Contra estas expresiones de descontento social, el régimen solía aplicar medidas administrativas a través del Decreto-Ley 370, pero las estrategias para silenciar a la ciudadanía parecen haber cambiado luego de la entrada en vigor del nuevo Código Penal en 2022.

Durante el 2024, la revista Yucabyte ha monitoreado casos donde la tendencia ha sido apresar, no solo multar, a activistas y ciudadanos por sus publicaciones en redes.

“En los últimos meses, hemos visto un aumento de las detenciones. Los cargos que más utilizan son los de propaganda contra el orden constitucional y desorden público”, dijo el medio en entrevista con ADN Cuba.

Por su lado, el abogado Alain Espinosa, de Cubalex, considera que el cambio de estrategia del régimen en este caso puede responder a “la ineficiencia de las sanciones administrativas para los fines que ellos persiguen, que es que las personas se inhiban de expresar su criterio respecto a la situación que impera en Cuba”.

Con estas detenciones y los posteriores juicios, pero también con la aplicación de la legislación, el castrismo incurre en varias violaciones de derechos humanos, entre ellos, el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho a no ser sometido a detenciones arbitrarias.

“Tanto la imputación de delitos como las normas administrativas son totalmente contrarias a lo establecido en los estándares internacionales de derechos humanos. Con estos encarcelamientos se viola también el derecho a la libertad, a no ser sometido a detención arbitrarias, de las cuales se pueden derivar otras violaciones como el ser sometido a torturas y tratos inhumanos o denigrantes.”, indicó Espinosa.

Algunos cubanos apresados por publicar en redes

Norges Rodríguez aseguró que el régimen cubano mantiene un monitoreo férreo de las redes sociales en la isla. 

“Hay un grupo de personas vinculadas al régimen que se encarga de vigilar los perfiles en redes sociales de los disidentes y de personas que son críticas”, explicó.

El activista mencionó que existen casos, documentados por Yucabyte, donde las autoridades han aparecido en media hora en la casa de las personas tras estas publicar en redes. En algunas ocasiones la policía política les ha mostrado carpetas donde llevan impresas sus publicaciones en redes sociales, durante largos períodos tiempo. 

Muchas de estas personas han sido llevadas a juicio por sus ideas y no han tenido garantías procesales. 

El 10 de enero de 2023 fue detenida la influencer Sulmira Martínez, conocida como Salem de Cuba, después de instar a los ciudadanos a salir a las calles y repetir un levantamiento similar al del 11 de julio de 2021.

Luego de casi dos años, el régimen la llevó a juicio el pasado 26 de noviembre bajo los cargos de  "propaganda contra el orden constitucional" y "desacato", por los que podría ir 10 años a prisión.

En marzo de 2023 fue arrestado el cubano Leandro Pupo por cuestionar al Ministerio del Interior (Minint) en Facebook. Luego de siete meses de cárcel, fue condenado a tres años de trabajo correccional sin internamiento.

Ese mes también fue apresado el cubano Migdel Martínez del Toro. Luego de las protestas del 11 de julio de 2021, el joven comenzó a criticar al régimen en sus redes y a compartir noticias de los medios independientes cubanos. Las autoridades lo condenaron a siete años de prisión por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”.

Otro caso es el de Mayelín Rodríguez Prado, quien cumple una sentencia de quince años por "propaganda enemiga" y "sedición". Rodríguez fue arrestada tras documentar las protestas de Nuevitas en julio de 2021. Desde entonces, ha sido objeto de acoso en prisión, con amenazas de muerte por parte de otras reclusas y confinamiento en celdas de castigo.

Asimismo, Gustavo Mena Artola, activista por el bienestar animal, cumple una condena de dos años de trabajo correccional por "desacato a la figura del presidente" tras publicar en Facebook críticas a la gestión de Díaz-Canel por los apagones. Otro ejemplo es el de Aniette González García, quien fue sentenciada a tres años por "ultraje a los símbolos nacionales" debido a unas fotos artísticas que se hizo con la bandera cubana y que subió a sus redes sociales. 

De igual modo, el enfermero Aroni Yanko García  está detenido desde abril de 2024 por publicar un meme sobre el presidente Miguel Díaz-Canel. Como resultado, fue condenado a un año y seis meses de prisión en la cárcel La Pendiente, en Santa Clara. 

En octubre pasado, el preso político Asdrúbal Kindelán fue llevado a juicio por denunciar en una directa de Facebook la detención de su hijo tras unas protestas en Santiago de Cuba en marzo pasado.

Durante su juicio, solo le permitieron dos testigos de su parte, mientras que la Fiscalía presentó numerosos testigos policiales.

También el activista de Cuba Primero, Carlos Alberto Macdonald Ennis, se encuentra recluido por pertenecer a un grupo de Facebook.

Espinosa, quien lleva su caso en Cubalex, declaró a nuestra redacción que “nunca informaron cuáles eran los hechos que realmente podían haberse llevado a cabo en ese grupo de Facebook que fueran constitutivos de delito”.

Macdonald Ennis padece de hipertensión, diabetes y cardiopatía, además de que, ya dentro de prisión, se le descubrió una protuberancia cerca de la nariz que se temía que fuese cancerígena.

En septiembre pasado, el opositor cubano José Manuel Barreiro Rouco fue condenado, por el Tribunal Municipal de Cienfuegos, a dos años y medio de cárcel por compartir memes considerados ofensivos contra autoridades del régimen.

Según la sentencia, Barreiro Rouco fue declarado culpable de "realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana", incluyendo al dictador Miguel Díaz-Canel.

Por otro lado, el expreso político y manifestante del 11J Alexander Fábregas enfrenta una segunda causa penal en menos de tres años por sus publicaciones en redes sociales. 

De igual modo, en marzo pasado fue detenido en Las Tunas Víctor Manuel Hidalgo Cabrales, por criticar los apagones en Facebook. Ahora enfrenta cargos de "propaganda contra el orden constitucional", pero aún no ha sido llevado a juicio.

Según el último informe de Yucabyte, de noviembre de 2024, están pendientes de juicio Lázaro Mendoza García y José Antonio Pompa López, ambos acusados de “propaganda contra el orden constitucional”.

De momento no hay detalles de los procesos penales contra Yerismar Velázquez, detenido y acusado de atentado contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir por publicar, en un estado de WhatsApp, un video de unos pocos segundos pidiendo la libertad de los presos políticos, y Rey Asiel Naranjo Palau, un abakuá arrestado por convocar a una protesta durante una transmisión en vivo en Facebook.

Como colofón, en octubre de 2024 el castrismo puso en vigor la Ley de Comunicación Social, otra normativa que cercena la libertad de expresión en la isla. También ha creado la figura de inspectores de la comunicación social.

El documento ha sido criticado por varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas, Reporteros Sin Fronteras, porque con esa ley el régimen persigue a periodistas independientes y a aquellas personas que no se alinean con la narrativa oficial.

La Ley de Comunicación prohíbe la divulgación de informaciones que puedan “desestabilizar el Estado socialista” y solo permite la existencia de los medios de propaganda estatal.

Un informe de octubre de Yucabyte refiere que el régimen utilizó ese mes la Ley de Comunicación Social para amedrentar a periodistas independientes. 

En septiembre, días antes de la entrada en vigor de la normativa, comenzó una ola represiva contra periodistas independientes en el país, a los cuales les confiscaron medios de trabajo, dinero, les hicieron confesar su colaboración con medios independientes y renunciar a su trabajo. También varios fueron regulados para que no puedan salir del país.

Al respecto, Rodríguez dijo que hay un incremento del hostigamiento luego de la aplicación de la mencionada ley, que es “una herramienta para amenazar a personas que quieran expresarse o que quieran ejercer el periodismo de manera independiente”.

Pero el acoso a quienes se expresan en redes no termina aquí. La represión también incluye cortes selectivos de internet durante fechas significativas, como el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, y ciberacoso a activistas. Muchas de estas violaciones a la libertad de expresión son reportadas cada mes por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

Según el Iclep, las autoridades limitan este derecho con restricciones en el espacio digital, detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones psicológicas y otras formas de agresión.

Las organizaciones y medios de prensa que reportan estas violaciones insisten en la necesidad de denunciar cada caso para su correspondiente documentación. Estos informes contribuyen a investigaciones internacionales sobre la falta de libertad de expresión en Cuba y las futuras condenas que tendrán que recibir los representantes del poder cubano.