Gobierno cubano reconoce su incapacidad para producir medicamentos

Durante décadas, el sistema de salud pública cubano fue uno de los pilares de la propaganda estatal, presentado al mundo como un modelo ejemplar de atención gratuita y universal. Sin embargo, las recientes declaraciones de altos funcionarios del régimen han sacado a la luz una realidad que muchos cubanos enfrentan diariamente: la grave crisis en los servicios médicos, marcada por la escasez de medicamentos y el deterioro de la infraestructura sanitaria.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz, en un informe ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), admitió esta semana que la calidad de los servicios médicos ha caído drásticamente. “Se ha afectado la calidad de los servicios médicos" reconoció Marrero, detallando que más del 70% del cuadro básico de medicamentos está en falta.

Según el funcionario, de los 651 productos incluidos en el cuadro básico, 461 han estado ausentes o con disponibilidad limitada debido, según su explicación, a la falta de divisas para adquirir insumos y materias primas.

Este déficit ha tenido consecuencias devastadoras para la población, que enfrenta una creciente dificultad para acceder a tratamientos esenciales, desde analgésicos y antibióticos hasta medicamentos para enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión.

A esta crisis de medicamentos se suma un panorama epidemiológico alarmante. Las autoridades han confirmado un aumento de casos de hepatitis A y brotes diarreicos, mientras enfermedades como el dengue y el oropouche, transmitidas por mosquitos, se expanden por todo el país.

La combinación de estas enfermedades y la falta de medicamentos crea un círculo vicioso en el que los hospitales y clínicas, ya debilitados, se ven desbordados por la demanda. Los pacientes enfrentan largas esperas, carencia de suministros básicos y, en muchos casos, la necesidad de recurrir al mercado negro para obtener tratamientos.

En un intento por enfrentar la crisis, el gobierno cubano anunció un esquema de autofinanciamiento en divisas para el sector de Salud Pública y BioCubaFarma, que entrará en vigor en 2025. Aunque se presenta como una solución para garantizar el acceso a recursos esenciales.

El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, informó que el presupuesto estatal destinará 76,037 millones de pesos a la Salud Pública en 2025, lo que representa el 24% del total. Este monto permitirá realizar 111 millones de consultas en la atención primaria. Sin embargo, estas cifras contrastan con la realidad de una economía que continúa en caída libre, marcada por la inflación, la devaluación del peso y la dependencia de importaciones.

Para los cubanos de a pie, las cifras oficiales ofrecen poco consuelo frente a la dura realidad. Hospitales con equipos médicos obsoletos, farmacias con estantes vacíos y la falta de personal sanitario capacitado son parte de la cotidianidad. Muchos médicos y enfermeros han emigrado en busca de mejores condiciones laborales, dejando al sistema aún más debilitado.

La crisis sanitaria también ha impulsado la privatización encubierta de ciertos servicios, obligando a los ciudadanos a pagar en dólares por consultas, pruebas diagnósticas y medicamentos en clínicas y farmacias que operan en moneda extranjera. Para una población cuyo ingreso promedio mensual es insuficiente para cubrir necesidades básicas, esta situación ha profundizado la desigualdad en el acceso a la atención médica.

Aunque las autoridades atribuyen la situación al embargo estadounidense, muchos cubanos consideran que la ineficiencia, la corrupción y las prioridades económicas del régimen han sido factores determinantes en el deterioro del sector.