Sociedad civil cubana denuncia al régimen en la ONU por violaciones de DDHH

Varias organizaciones de la sociedad civil cubana denunciaron este mes al régimen del Partido Comunista en el Examen Periódico Universal de Cuba (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un mecanismo que permite el escrutinio de la situación de los derechos humanos de cada uno de los Estados miembros.

“El EPU es una oportunidad de la sociedad civil para transmitir sus preocupaciones en todas las áreas posibles de los DDHH, y de hacer incidencia directa con representaciones internacionales que, a su vez, puedan influir positivamente en la emisión de recomendaciones enfocadas en los problemas nacionales, así como en su denuncia”, declaró a ADN Cuba Camila Rodríguez, coordinadora del Grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J.

“En el caso cubano las recomendaciones no son cumplidas en todo el sentido en que le son formuladas al Estado, pero al menos [con nuestra participación en el EPU] se asienta el precedente de dónde están y cuáles son las preocupaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos, a la vez que se aportan cifras y patrones de primera mano”, agrega Rodríguez, cuyo grupo presentó un reporte sobre la situación de cientos de presos políticos, elaborado en conjunto con el Centro de información legal Cubalex.

En total, para este período de sesiones Justicia 11J participó en la redacción de siete informes temáticos, junto a una decena de organizaciones cubanas y extranjeras. Entre los temas presentados al Consejo están la “Ausencia de garantías del debido proceso en el contexto cubano”; “Situación del derecho a la libertad de asociación en Cuba”; “Atención a mujeres víctimas de Violencia Basada en Género en Cuba”; “La falta de debida diligencia y políticas públicas para la protección contra toda forma de violencia de género”; “Desprotección y formas agravadas de discriminación de la mujer” y el “Informe sobre la situación de la libertad de expresión y la libertad artística en Cuba”.

Durante el proceso, que se extenderá por varios meses, los Estados examinados rinden cuenta sobre los avances o retrocesos en el área de derechos humanos en un periodo de alrededor de 4 años entre los ciclos de sesión, partiendo de una serie de recomendaciones que han sido transmitidas a los Estados por sus contrapartes.

“Estas recomendaciones se basan en los análisis de los informes aportados por los propios Estados examinados y a la vez, del análisis de los informes que aportan tanto organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, como diversos órganos y agencias de la ONU”, explica Camila Rodríguez.

Por otra parte, el Instituto Patmos y la organización Alcance de Ayuda a las Américas (OAA, en inglés) entregaron un informe sobre “las numerosas formas en que Cuba ha incumplido las normas internacionales de derechos humanos con respecto al derecho fundamental a la libertad de religión o de creencias”.

De acuerdo con un comunicado al que tuvo acceso ADN Cuba, el documento “examina numerosos ejemplos de violaciones del derecho a la libertad de religión o de creencias desde el último examen y formula recomendaciones en los siguientes ámbitos: Acoso y detención; Restricciones de la patria potestad; Confiscación de propiedades y bienes; Prohibición de viajar; Exilio forzoso”.

Para el pastor cubano Mario Félix Lleonart, fundador del Instituto Patmos, “ha sido muy importante participar (…) Nuestra primera experiencia fue en el Ciclo anterior cuando enviamos nuestro primer informe, el cual cumplió las reglas exigidas por Ginebra y fue aceptado. En esta ocasión del Cuarto Ciclo tuvimos el honor de enviar un Informe en coalición con nuestra organización hermana Outreach Aid to the Americas (OAA) y otro individual. Esperamos que tales esfuerzos consigan ubicar la grave situación del estado en que se encuentran las libertades religiosas en Cuba en su justo lugar”.

El cubanoamericano Teo Babun, presidente y director general de OAA, dijo que, “desgraciadamente, el gobierno cubano a menudo ha sido capaz de presentar a la comunidad internacional una fachada que oculta la realidad de la isla, una realidad en la que las personas no pueden ejercer sus derechos humanos fundamentales, ni siquiera el sagrado derecho a rendir culto a Dios y vivir de acuerdo con su conciencia (…)”.

De acuerdo con el Dr. Babun, en el Instituto Patmos y en OAA esperan “que el proceso del EPU tenga un impacto significativo para los millones de cubanos a los que se les niegan sus derechos básicos cada día”.

Camila Rodríguez, de Justicia 11J, señaló en conversación con ADN que “es importante que cada vez sean más las organizaciones nacionales participantes en este proceso, como vía para transparentar la situación de los DDHH en Cuba”.

De acuerdo con la activista, “lograr envíos masivos de informes que reflejen la realidad de los DDHH es una oportunidad para poner en duda no solo los informes del estado, que hablan de un panorama muy distinto al que vivimos, sino también para contrarrestar la presencia e influencia de las falsas organizaciones de la sociedad civil, como la FMC [Federación de Mujeres Cubanas], que aportan información complementaria a la brindada por el Estado en sus informes, y que amplifican la distorsión de la imagen del entorno del que con mucho esfuerzo para ser escuchadas hablamos las organizaciones independientes”.