Díaz-Canel amenaza a disidentes cubanos con enjuiciarlos

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel amenazó a quienes disientan del régimen con aplicarles el peso de la ley, durante el VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

“Desde aquí lo decimos, que los terroristas, mercenarios, saboteadores y contrarrevolucionarios asociados a esa política imperial no esperen magnanimidad, ni generosidad de la Revolución. Se les aplicará el fuerte peso de la ley revolucionaria”, expresó el presidente designado de Cuba.

Además, recurrió a la típica idea  de plaza sitiada esgrimida por el poder cubano al decir que: “La concepción de planes por nuevos actores de la contrarrevolución externa, que propugnan la ejecución de hechos violentos como vía para derrocar a la revolución cubana, provienen de mentes enfermas, desesperadas e impotentes que pretenden aprovechar las dificultades que confrontamos para sembrar la desesperanza y el desánimo en nuestra población”.

Las palabras de Díaz-Canel y su calificación de “terroristas” a quienes no comulgan con la dictadura vienen días después de que el régimen publicara un listado nacional de terroristas, donde se incluye a un grupo de activistas políticos, incluencers y organizaciones.

El pasado 7 de diciembre la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior del régimen cubano publicó la resolución 19/2023, en la que aparece la lista.

El documento incluye a un total de 61 personas y 19 organizaciones.  Entre los mencionados por el régimen se encuentran: José Jesús Basulto León, Ramón Saúl Sanchez Rizo, Alexander Otaola Casal, Orlando Gutiérrez Boronat, Eliecer Ávila Cecilia, Liudmila Santiesteban Cruz (Liu Santiesteban), Manuel Milanés Pizonero, Alain Lambert Sánchez (Paparazzi cubano), Jorge Ramón Batista Calero (Ultrack), Eduardo Arias León, Guillermo Novo Sampoll, Pedro Ramón Crispín Rodríguez y José Francisco Hernández Calvo, Eliécer Ávila, Yamila Betancourt García (conocida como Yamila, la hija de Maceo) y Ana Olema.

Los influencers, en su mayoría, están acusados "por financiar y ejecutar actividades dirigidas a desestabilizar el orden social en Cuba” y por incitar supuestas acciones que afectan el orden social.

Desde las protestas de julio de 2021 el régimen cubano se ha blindado jurídicamente para procesar el disenso político. Una muestra de ello es el Código Penal vigente desde diciembre de 2022 y otras normativas recientes que se le han venido sumando.

Según la organización Prisioners Defenders existen en la isla un total de 1062 presos políticos, aunque el régimen niegue su existencia.