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Denuncian calvario que vive joven preso político, sin juicio ni petición fiscal

Los abusos cometidos contra Fray Claro, ahora recluido en la prisión Cerámica Roja de Camagüey, fueron denunciados por su madre, Yanelis Valladares

Actualizado: February 28, 2023 11:17am

En los últimos días se ha difundido en redes sociales el caso del joven Fray Claro Valladares, de 21 años, detenido desde agosto de 2022 por manifestarse pacíficamente en Nuevitas, provincia de Camagüey, que permanece sin fecha de juicio ni petición fiscal hasta el momento.

Los abusos cometidos contra el preso político, ahora recluido en la prisión Cerámica Roja de dicha provincia, fueron denunciados por su madre, Yanelis Valladares.

Las autoridades del régimen cubano se han ensañado con el joven. En este medio año ha sido víctima de interrogatorios, e incluso de una golpiza por parte de los jefes de la prisión Kilo 9, donde se encontraba recluido anteriormente.

Claro Valladares está acusado del supuesto delito de atentado, pero no le ha sido entregada su petición fiscal, y también desconoce la sanción que se le solicita.

Su madre también participó en las manifestaciones de Nuevitas, a consecuencia de los largos apagones el año anterior, y tiene una restricción domiciliaria.

"Me lo acusan de atentado. Ya lleva seis meses preso, no tiene petición fiscal, ni un documento oficial que diga que mi hijo está preso", añadió.

Sobre la golpiza que sufrió el pasado 24 de febrero, la madre cubana explicó que su hijo la llamó ese día en la tarde para contarle lo que había sucedido.

"Ayúdame, porque el jefe de la prisión y el segundo me dieron una paliza, me dieron duro, me esposaron, me dieron en el piso", le dijo el joven.

Adicionalmente, la madre contó a ADN Cuba que las condiciones en la prisión Cerámica Roja "no son buenas y la comida ni hablar. Tengo que llevarle todo: las sábanas, aseo. El día de la visita trato de llevarle lo que pueda para que tenga allí cosas que duren: pan, galleta, sirope".

Valladares acude a visitar a su hijo cada 15 días.

Al cierre de enero existían en la isla al menos 1077 prisioneros políticos, indica el último informe de la organización de derechos humanos Prisoners Defenders (PD).