Cuba aprueba nueva Ley de Abogacía con promesas de autonomía, pero bajo control estatal

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó una nueva Ley del Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC). Esta normativa, que sustituye al Decreto-Ley 81 de 1984, promete modernizar la profesión jurídica en la isla tras casi cuatro décadas de vigencia del marco legal anterior. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar debido al trasfondo autoritario que sigue rigiendo el sistema judicial cubano.

La nueva legislación introduce, por primera vez, regulaciones específicas sobre la ética de los profesionales del derecho en Cuba. Según el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, el objetivo es uniformar las exigencias éticas y profesionales para todos los abogados que representan, defienden y asesoran jurídicamente a las personas, independientemente de la institución en la que ejerzan.

“A 40 años de vigencia del Decreto-Ley 81, es imprescindible su modificación,” afirmó Silvera, quien destacó que la normativa actual busca garantizar los derechos de los ciudadanos en un marco jurídico más actualizado.

No obstante, este discurso oficial choca con una realidad en un país donde no existe la separación de poderes y el sistema judicial responde a las directrices del Partido Comunista, y su aparato represivo que es el que dicta el destino legal de las personas juzgadas, lo que limita la autonomía de los juristas, por lo que las promesas de independencia y ética en el ejercicio profesional en tales condiciones son un macabro eufemismo.

La ONBC, definida en la ley como una organización “autónoma, autofinanciada e independiente,” continúa bajo la supervisión directa del Ministerio de Justicia. Este ministerio no solo autoriza el funcionamiento de los bufetes, sino que también regula las tarifas y otras disposiciones fundamentales para su operación.

En palabras del ministro Silvera, la nueva normativa integra elementos como la comunicación social, la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo de la abogacía. Sin embargo, la estructura de control estatal que regula a la ONBC contradice su supuesta independencia.

El régimen asegura haber consultado a profesionales del derecho y a otras instituciones en el proceso de redacción de la ley. Según cifras oficiales, se recibieron 203 criterios, de los cuales solo 116 fueron aceptados. Esto resultó en la modificación de 76 artículos, la eliminación de nueve y la inclusión de un nuevo capítulo, una sección y una disposición transitoria.

Aunque se presenta como un ejercicio inclusivo, muchos observadores cuestionan la autenticidad de estas consultas, considerando que en Cuba las reformas legales suelen ser diseñadas bajo una estructura vertical que minimiza la participación real de los ciudadanos y profesionales independientes.

La aprobación de esta ley ocurre en un momento en que la isla enfrenta un grave déficit de derechos humanos. Con más de 1.000 presos políticos, muchos de ellos encarcelados tras juicios sumarios y acusaciones fabricadas, el sistema judicial cubano ha sido denunciado por organismos internacionales como un brazo represivo del régimen.