CIDH condena las acciones represivas contra organizaciones y prensa en Cuba

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifestaron su preocupación por las acciones represivas contra organizaciones de la sociedad civil y prensa independiente en Cuba.

Según un comunicado oficial publicado este miércoles, los organismos internacionales instan al régimen de la isla al cese del hostigamiento, así como a respetar y garantizar la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.

En lo que va de 2024 organizaciones de la sociedad civil han reportado a la CIDH cerca de 300 acciones represivas contra activistas y defensores de derechos humanos, disidentes políticos, periodistas, artistas independientes, y familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos.

Las acciones incluyen detenciones arbitrarias, violencia física y negligencia médica en el contexto de privación de libertad, arrestos domiciliarios, amenazas y coacción, cortes selectivos de internet y comunicaciones, restricciones de movilidad interna, citaciones policiales e interrogatorios sin respeto a las garantías legales.

Según denuncias públicas de organizaciones de la sociedad civil, entre 2018 y 2023 se registró un alto número de víctimas de violencia física por parte de fuerzas del Estado. De estas, 95 habrían muerto como consecuencia de una acción u omisión estatal y la mayoría se encontraba en el entorno carcelario bajo custodia del Estado.

Por su parte, la RELE denunció que en el país continúa limitado el acceso a la información y que los periodistas independientes trabajan en un "entorno hostil, con restricciones legales y prácticas represivas por informar críticamente sobre el Gobierno".

En muchos casos, los reporteros son víctimas de multas y sanciones, asedio y vigilancia policial en sus residencias, detenciones, e interrogatorios intimidatorios, añadió la Relatoría.

Por último, la Comisión y su RELE llamaron al Estado cubano a adoptar medidas inmediatas para garantizar un ambiente seguro y propicio para el ejercicio de las libertades de asociación, expresión y de prensa, incluyendo el cese de la persecución judicial y toda práctica represiva.

Además, pidieron la liberación de todas las personas detenidas por su labor en defensa de los derechos humanos o por manifestarse críticamente.