Régimen amenaza con cortar servicio del teléfono que usó Ferrer para dar entrevistas

La activista Ana Belkis Ferrer García, hermana del líder opositor José Daniel Ferrer, denunció hoy en X que el ciudadano Carlos Oliva Rivery fue objeto de amenazas y que le interrumpieron el servicio telefónico, aparentemente como represalia por brindar apoyo a su hermano.

Según el reporte, en horas de la mañana un individuo identificado como Julio Fonseca y otro represor, se presentaron en la vivienda de Oliva Rivery.

Durante el encuentro, que fue grabado, los visitantes le advirtieron sobre las consecuencias de haber prestado su teléfono y dado acompañamiento a José Daniel el día anterior y procedieron posteriormente a la suspensión de su servicio telefónico.

De acuerdo con Ferrer García, Oliva Rivery mantuvo una postura firme durante la confrontación, ante lo cual los visitantes le advirtieron que "se atenga a las consecuencias".

El incidente no fue aislado, pues según la misma Ana Belkis, un vecino de la zona identificado como Ivan Desquiro también fue interceptado y amenazado tras haber saludado a José Daniel el día anterior.

José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue liberado el 16 de enero de 2025 de la prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba, según informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Ferrer había permanecido encarcelado desde el 11 de julio de 2021, cuando fue detenido mientras intentaba participar en las protestas populares que se desarrollaron en la isla. En agosto de ese mismo año, un juez revocó su arresto domiciliario y ordenó su ingreso a prisión para cumplir una condena pendiente de cuatro años y 14 días, impuesta inicialmente en 2020.

La noche previa a su liberación, un oficial de la Seguridad del Estado contactó a su esposa, la Dra. Nelva Ortega Tamayo, solicitándole que se presentara al día siguiente en el centro penitenciario.

La excarcelación de Ferrer coincidió con las recientes medidas diplomáticas tomadas por el gobierno estadounidense. Dos días antes, el presidente Joe Biden había firmado la eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, junto con el levantamiento de sanciones contra entidades del régimen y la suspensión por seis meses del título III de la Ley Helms-Burton.

La situación descrita en relación con Ferrer se suma a una interminable lista de reportes de presuntas acciones de intimidación contra activistas y ciudadanos en Cuba.

La organización Freedom House, junto con más de treinta organizaciones de derechos humanos cubanas e internacionales, emitió el 23 de septiembre de 2020 una declaración exigiendo a las autoridades cubanas el cese inmediato de actos represivos contra miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Según la declaración, las autoridades habían estado ejerciendo de forma sistemática "abuso policial, detenciones arbitrarias, multas exorbitantes y allanamientos a viviendas" contra miembros de la UNPACU. La organización denunció específicamente la vigilancia y el cerco impuesto alrededor de la casa de José Daniel Ferrer, que funcionaba como sede de la UNPACU.

Freedom House señaló que estas acciones formaban parte de "un patrón de hostigamiento por parte de las autoridades cubanas contra los miembros de la organización y otros disidentes políticos". En su declaración, la organización exigió la liberación inmediata de entre 125 y 136 presos políticos, cifras documentadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Prisoners Defenders.

La organización enfatizó que estos actos represivos "no deben normalizarse a los ojos de la opinión pública mundial" y recordó que Cuba, como aspirante a un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, debe cumplir con los más estrictos estándares en la protección y promoción de los derechos humanos, según establece la Resolución 60/251 de la Asamblea General.

Freedom House también destacó que la represión se había intensificado durante la pandemia del coronavirus, coincidiendo con una crisis económica que calificó como "de dimensiones extraordinarias". La organización expresó particular preocupación por la militarización de las principales ciudades cubanas, especialmente La Habana, y los abusos policiales contra activistas y población general, incluidos menores.