Incluyen a fiscal de Camagüey en lista de represores: pidió 155 años de cárcel para manifestantes
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba considera al funcionario castrista como un represor de cuello blanco
Actualizado: Fri, 01/19/2024 - 09:24
Camilo Recio Caballero, fiscal provincial de Camagüey, fue incluido en el listado de represores cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC, en inglés).
La Fundación considera al funcionario castrista como un represor de cuello blanco bajo los delitos de “prevaricación” y “persecución por motivos políticos”, este último catalogado como un crímen de lesa humanidad.
Recio Caballero pidió 155 años de cárcel para 14 manifestantes de las protestas en Nuevitas, Camagüey, ocurridas los días 18 y 19 de agosto de 2022.
El juicio contra los manifestantes comenzó el pasado 16 de enero en el Tribunal Provincial Popular de Camagüey. Según informó Cubalex, el primer día culminó a las 8:00 p.m.
“Se han excluido testigos de la defensa, y a algunos acusados les han informado que sólo se les permitirá un testigo”, mencionó la organización en redes sociales.
Por otra parte, a Mayelín Rodríguez Prado, conocida como La Chamaca del Chamaco, la están acusando de estar vinculada a Amijaíl Sánchez González, una de las personas incluida por el régimen en la lista de “terroristas”, la cual contiene el nombre de exiliados, organizaciones e influencers cubanos.
El régimen solo tiene como evidencia las declaraciones de un familiar de Sánchez González, que dice haber identificado la voz de Mayelín en una grabación de una llamada.
“Esta es la única evidencia disponible sobre el supuesto vínculo, pero todo indica que el caso de La Chamaca se está utilizando con un propósito ejemplarizante”, acotó Cubalex.
Los manifestantes están siendo juzgados por los cargos de sabotaje, sedición, encubrimiento del delito de sabotaje, propaganda enemiga, atentado, resistencia e incumplimiento del deber de denunciar.
No fue hasta septiembre pasado, a un año de las manifestaciones, que la Fiscalía difundió de forma oficial las peticiones fiscales, que van desde 10 hasta 15 años de cárcel.
