Ambulanciero y voluntario tras explosión del Hotel Saratoga condenado a 7 años de cárcel por el 11J
De la Torre Hernández, de 27 años, fue acusado de los delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato por manifestarse pacíficamente en La Habana Vieja
Actualizado: Wed, 01/25/2023 - 12:28
El joven cubano Adel de la Torre Hernández, ambulanciero y voluntario tras la explosión en el emblemático Hotel Saratoga, fue condenado a siete años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
Fue el activista Marcel Valdés quien visibilizó nuevamente su caso en redes sociales este miércoles, para que no sea olvidado.
De la Torre Hernández, de 27 años, fue acusado de los delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato por manifestarse pacíficamente en La Habana Vieja.
El joven fue arrestado violentamente el 11 de julio de 2021 por las fuerzas represivas. Luego, estuvo en su vivienda esperando el juicio, que se celebró en octubre de 2022.
"El 3 de octubre de 2022 le celebraron el juicio donde no hubo ninguna prueba contra él y el 17 de octubre de 2022, sin presentar ningún documento escrito ni ninguna notificación del veredicto, el régimen se lo llevó de su casa y hasta hoy no ha regresado. En prisión fue donde se enteró de su injusta sanción", añadió Valdés.
Actualmente De la Torre se encuentra recluido en la prisión Valle Grande, de La Habana.
Antes de su último encarcelamiento, en octubre pasado, el joven cubano trabajaba para el Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) y fue uno de los voluntarios tras la explosión en el Hotel Saratoga.
En Cuba comenzó el 2023 con un récord lamentable de 1057 prisioneros políticos en las cárceles de la isla, luego de que se sumaran otros 29 en diciembre, reportó la organización Prisoners Defenders (PD).
La clasificación de los encarcelados es la siguiente: 768 Convictos de Conciencia, 258 Condenados de Conciencia y 31 casos de "Otros Presos Políticos".
Según el último informe de PD, la lista contiene un total de 1057 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso.
Sin dudas, esta lista ha crecido exponencialmente tras las protestas antigubernamentales de julio de 2021 en todas las ciudades del país.
