Régimen cubano sanciona a 21 ciudadanos por estafar a la Unión Eléctrica

El Tribunal Provincial de La Habana impuso sanciones a 21 cubanos por estafar con carácter continuado a la Unión Eléctrica. Las penalizaciones abarcaron desde multas económicas hasta penas de prisión de hasta ocho años.

Los acusados fueron encontrados responsables de falsificar documentos bancarios y de comercio para que un número de clientes pagaran menos en su factura eléctrica, a cambio de dinero, equipos u otras dádivas, informó la Televisión estatal.

Entre los acusados se encontraban siete funcionarios de la Empresa Eléctrica de La Habana (un administrativo, un informático, un inspector y varios cobradores) y los 14 acusados restantes eran clientes residenciales considerados grandes consumidores en el municipio Plaza de la Revolución.

El Ministerio del Interior (Minint) del régimen indicó en X que quienes cometieron cohecho de carácter continuado fueron sancionados con entre seis y ocho años de cárcel y los usuarios con multas administrativas.

El primer teniente Yadier Domínguez Pérez, primer oficial operativo del DTI, informó a la televisión que entre los principales implicados figuraba el administrador provincial de gestión comercial de la Empresa Eléctrica, quien alteraba la base de datos para falsear las facturas.

Tras estos ajustes, algunos clientes habían dejado de pagar más de 100.000 pesos, explicó el director general de la Empresa Eléctrica de La Habana, Mario Castillo Salas.

El juicio fue enunciado por la propaganda castrista como “ejemplarizante”. Este caso se inserta dentro de una campaña del régimen para proyectar orden y control mientras crece la criminalidad en la isla.

La nueva campaña contra el crímen incluye programas de televisión, juicios ejemplarizantes y editoriales en medios de prensa oficialistas, pero la ola de desapariciones y asesinatos continúa.

En este mes la televisión estatal ha reportado la condena a cadena perpetua de un asesino y ladrón de ganado vacuno en Cienfuegos. El juicio, oral y público, tuvo un carácter ejemplarizante. 

También se hizo público el robo de 130 toneladas de pollo, el equivalente a la canasta familiar de una provincia mediana, de la Empresa Comercializadora de Alimentos COPMAR de La Habana.