Revisarán sentencia de jóvenes condenados por la jueza Melody González

El Tribunal Popular Provincial de Villa Clara ha admitido la apelación de la sentencia emitida contra cuatro jóvenes cubanos, condenados a tres y cuatro años de prisión por la jueza Melody González Pedraza.

González Pedraza, quien actualmente se encuentra detenida en un centro de inmigración en el sur de Florida, ha solicitado asilo tras ser rechazada su entrada a Estados Unidos por acusaciones de violaciones a los derechos humanos.

La apelación ha sido programada para el 9 de agosto de 2024, a las 09:00 de la mañana, en la Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara.

Según la sentencia, se reproducirán todas las pruebas presentadas en el juicio de primera instancia y se tomarán nuevas declaraciones de testigos clave, incluyendo varios oficiales de la Seguridad del Estado.

El proceso judicial que llevó a la condena de Andy Gabriel González Fuentes, Eddy Daniel Rodríguez Pérez, Luis Ernesto Medina Pedraza y Adain Barreiro Pérez, se ha visto empañado por múltiples denuncias de irregularidades.

Los cuatro jóvenes, ninguno de los cuales supera los 30 años, fueron acusados de lanzar cócteles molotov contra un jeep y viviendas de oficiales de la policía y la Seguridad del Estado en Encrucijada el 18 de noviembre de 2022.

La sentencia inicial de González Pedraza, respaldada por las magistradas Marlenis Toriza Rivero y Ana Ivis Rodríguez Rodríguez, se basó en la retractación de una confesión por parte de uno de los acusados y en testimonios proporcionados por la Seguridad del Estado. Sin embargo, la jueza González Pedraza, ahora en busca de asilo, ha confesado que fue presionada para emitir las condenas, un hecho que ha sido aprovechado por la defensa para solicitar la nulidad del proceso.

El abogado Santiago Alpízar, director de la ONG Cuba Demanda, ha destacado la importancia de examinar detalladamente las pruebas de descargo. Alpízar señaló irregularidades como la presencia de dos caligrafías diferentes en la confesión de uno de los acusados y testimonios que afirman que al menos dos de los jóvenes no estaban en el país en la fecha de los hechos.

Diversas organizaciones de derechos humanos han clamado por la liberación incondicional de los jóvenes, basándose en las confesiones de la jueza y las evidencias de manipulación en el proceso judicial.

Alpízar expresó su preocupación de que, a pesar de las pruebas presentadas, los jóvenes sigan detenidos, lo que podría indicar una intención del tribunal de ratificar las condenas iniciales.

"Es crucial que los abogados de la defensa mantengan una postura firme y profesional, enfocándose en los detalles de las pruebas de descargo presentadas durante el juicio", enfatizó Alpízar.