Violaciones de derechos a presos políticos en campamento de trabajo forzado "Ho Chi Minh"
Yeriel Cruz Pérez y Nosley Lázaro Domínguez Linares han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos por la suspensión arbitraria de visitas, la negación de atención médica y el aislamiento.
Actualizado: January 14, 2025 3:43pm
Los presos políticos Yeriel Cruz Perez y Nosley Lázaro Domínguez Linares fueron víctimas de violaciones a sus derechos esta semana en el campamento de trabajo forzado Ho Chi Minh, en Mayabeque, según publicó en su cuenta de X la organización Prisoners Defenders.
El 14 de enero se reportó un caso de abuso por parte del mayor Yordanis López Torres, segundo jefe de este campamento, ubicado en el municipio Bainoa, contra Yeriel Cruz Pérez, preso político del 11J condenado a seis años de privación de libertad.
⛓️Ayer denunciábamos que el Mayor Yordanis López Torres, 2º jefe en la Prisión de Trabajos Forzosos Ho Chi Minh de Bainoa, Mayabeque #Cuba 🇨🇺 reprime a los presos políticos. Hoy recibimos otra denuncia de la misma Prisión de Trabajos Forzosos, contra este mismo represor:… pic.twitter.com/znGL7ROlsk
— Prisoners Defenders (@PrisonersDFNdrs) January 14, 2025
Los familiares denunciaron que el mayor Yordanis amenaza a los presos que se niegan a realizar trabajos forzosos y que los envía al llamado "teatro", un área inundada con aguas residuales en condiciones insalubres.
Yeriel se encuentra incomunicado desde el 14 de diciembre, estuvo sin acceso a agua para su higiene personal durante 15 días y solo recibió un vaso de agua para beber -contaminada, por demás- en dos días, evidenciando un patrón sistemático de maltrato y violaciones a los derechos humanos fundamentales en esa institución penitenciaria.
En el año 2022 la esposa del preso político cubano Yeriel Cruz, de 33 años, denunció serias violaciones al derecho fundamental de atención médica en la prisión de máxima seguridad de Quivicán.
De acuerdo con el testimonio de Nervis Rodríguez a ADN Cuba, la situación médica de Cruz era alarmante. Ante un severo dolor de muelas, el recluso se vio forzado a recurrir a la asistencia improvisada de otro prisionero, un exdentista, para la extracción de la pieza, debido a la ausencia total de servicios odontológicos en el centro penitenciario.
Prisoners Defenders también denunció el caso de Nosley Lázaro Domínguez Linares, condenado a 7 años de prisión por su participación en las manifestaciones del 11J. Según reportes del 13 de enero, el pase que tenía programado para el 6 de enero fue suspendido hasta mayo de 2025 por el mismo oficial, mayor Yordanis López, supuestamente por "falta de respeto".
⚠️Nosley Lázaro Domínguez Linares fue condenado a 7 años que cumple en la Prisión de Trabajos Forzosos Ho Chi Minh de Bainoa, Mayabeque, por participar en las manifestaciones #11J #Cuba
— Prisoners Defenders (@PrisonersDFNdrs) January 13, 2025
Nosley debía disfrutar de un pase el pasado 6 de enero, por lo que su madre, quien reside en… pic.twitter.com/oEkhuuIybM
La madre de Nosley, residente en Estados Unidos, viajó específicamente a Cuba para verlo y permanece en la isla esperando la oportunidad de reunirse con su hijo, quien no tiene a ningún familiar en el país.
Las condiciones de reclusión de Nosley son alarmantes: lleva casi dos meses sin poder comunicarse telefónicamente con sus hijos, quince días sin acceso a agua para higiene personal y dos días sin agua potable.
Domínguez ha sido objeto de múltiples violaciones a sus derechos humanos en los centros de detención en que ha estado recluido. De acuerdo con la documentación recopilada por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), se han registrado diversos incidentes que evidencian dicha situación.
En marzo de 2023 su esposa denunció que, durante más de un año, el reo no recibió la atención médica que requería para tratar una verruga que tenía en medio de su espalda. Posteriormente, en agosto del mismo año, se documentó un episodio discriminatorio cuando las autoridades penitenciarias interrumpieron arbitrariamente su visita conyugal antes del tiempo establecido.
Finalmente, en julio de 2024 le fue retirado el derecho a comunicarse telefónicamente durante cuatro semanas por exigir atención médica para los problemas auditivos que padecía desde hacía más de un año sin recibir tratamiento. Además, las autoridades retrasaron injustificadamente su proceso de libertad condicional, programado para agosto.
Un informe del CDPC correspondiente a diciembre pasado registró 105 denuncias de personas privadas de libertad, de las cuales el 74% (78 casos) involucraba violaciones a sus derechos humanos.
Los abusos más frecuentes fueron el hostigamiento (52%), la falta de atención médica (22%), las condiciones infrahumanas (17%) y la desnutrición (16%). Otras formas de maltrato, como golpizas y aislamiento, completaban el sombrío panorama.
Estas denuncias se suman a las realizadas por otras organizaciones internacionales y cubanas independientes, las cuales suelen ser desestimadas por el gobierno cubano.
