Piden sanciones para ministros de Salud de aliados de Cuba por misiones médicas

María Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, pidió sanciones para ministros de Salud de países aliados del régimen cubano, por contratar a las llamadas misiones médicas, que han sido calificadas como trata de personas por organismos internacionales.

La petición de Werlau tuvo lugar el miércoles en una audiencia del Subcomité de Salud Global, Derechos Humanos Globales y Organizaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de EE. UU., que abordó las violaciones de derechos humanos que ocurren a diario en Cuba.

De acuerdo con Werlau, se deben implementar restricciones de viaje y sanciones, bajo el amparo de la Ley Helms-Burton, para combatir este tipo de tráfico de personas, así como sancionar a los ministros de Salud Pública de los países aliados.

También la investigadora pidió condicionar el financiamiento que da la Organización Panamericana de la Salud al régimen, declarar que México viola el acuerdo con Estados Unidos y Canadá por la contratación de estas misiones médicas, prohibir la mayoría de intercambios científico-técnicos con la isla y el financiamiento de instituciones cubanas.

"La aplicación de nuestras leyes es esencial para la democracia", concluye su intervención.

Las llamadas misiones médicas cubanas y misiones de trabajos de otro tipo han sido ampliamente denunciadas como trata de personas desde hace años.

El Informe sobre el Tráfico Humano para el 2021, elaborado por EE. UU., denunció las violaciones de derechos en las “misiones médicas” que vende el régimen de Cuba a otros países, y las definió como ejemplo de “trata de personas”.

La sección sobre Cuba del informe afirma que hay “fuertes indicios de trabajo forzado” por parte del gobierno cubano en “su programa de misiones médicas en el extranjero”.

También se recoge en el documento que el régimen “no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo (...) Durante el período que abarca el informe, hubo una política o un patrón gubernamental para beneficiarse de los programas de exportación de mano de obra con fuertes indicios de trabajo forzoso, en particular su programa de misiones médicas en el extranjero”.

En otras secciones del informe, el Departamento de Estado emitió la recomendación de que el país “examine a los profesionales médicos cubanos y los remita a servicios apropiados”, dadas las “preocupaciones significativas sobre los indicadores de trabajo forzoso en las misiones médicas cubanas”.

Sobre las misiones en el exterior, precisamente en enero de este año, Naciones Unidas acusó a los estados de Cuba, España, Italia y Catar, así como a la compañía MSC Cruceros, por promover esta iniciativa.

Según el informe revelado por la organización Prisoners Defenders (PD), la acusación enfatiza en las amenazas, el acoso y la violencia sexual que sufren las médicas, enfermeras y demás profesionales por parte de funcionarios del régimen cubano.

Respecto a este pronunciamiento de la ONU, el presidente de PD, Javier Larrondo expresó entonces que "mientras se traen a España y Europa espectáculos artísticos, deportivos, médicos y otros servicios de Cuba por medio de empresas cubanas, los ciudadanos y espectadores españoles y europeos no saben que van a acudir a actividades deportivas y artísticas, y recibir servicios de profesionales en estado de trabajo forzado y esclavitud, con pasaportes confiscados, sin las mínimas libertades, y que si decidieran quedarse en España serían acusados de desertores y penarían con 8 años sin poder volver a ver a sus hijos en Cuba".

Por su parte, el Parlamento Europeo también ha condenado estas misiones.

Está ampliamente documentado que el Estado cubano somete a sus profesionales a trabajo forzado en el exterior, limitándoles la libertad de movimiento, obligándolos a participar en actividades políticas, restrigiendo sus contactos con la población local y apropiándose de un elevado porciento del salario que pagan quienes los contratan.