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Inspectores abusan de carretilleros en La Habana

Los trabajadores denunciaron que no los dejan trabajar tranquilos y mostraron a ADN las multas impuestas, que van desde 500 hasta 8000 pesos.

Actualizado: January 3, 2025 11:20am

Un vendedor ambulante cubano, ubicado en la intersección de Dragones y Águila, en La Habana Vieja, denunció en un reportaje de los periodistas independientes Carlos Milanés y Julio César Góngora, de ADN Cuba, la imposición sistemática de multas excesivas a los carretilleros, que han acumulado numerosas sanciones en apenas dos meses.

El denunciante, identificado como Julio García Mora, mostró a los reporteros una serie de multas cuyo valor oscila entre 500 y 8,500 pesos cubanos, impuestas de manera recurrente. "He tenido que pagarlas todas", afirmó, y explicó que, pese a haber acudido a diversas instituciones, como la Oficina de Multas y la jefa de inspectores, sus reclamos no obtuvieron respuesta.

El comercio ambulante es una de las actividades más antiguas de la humanidad, presente también en Cuba a lo largo de los siglos. Si bien en algunos momentos ha disminuido su protagonismo, cada vez que las crisis económicas se intensifican, los vendedores callejeros reaparecen como una opción indispensable para subsistir.

Durante el reportaje se documentó también la situación de varios conductores de bicitaxis, quienes relataron ser objeto de sanciones económicas constantes. Uno de ellos, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, confirmó al periodista que había recibido una multa de 8,500 pesos cubanos.

Las sanciones se han aplicado, incluso, a personas con documentación en regla, como sugirió un vendedor con discapacidad entrevistado en el reportaje.

De acuerdo con los testimonios recopilados, muchos afectados perciben que los inspectores imponen multas de manera indiscriminada porque, según ellos, "si no ponen multas, no les pagan".

El reportaje evidencia la difícil situación que enfrentan los vendedores ambulantes en Cuba, quienes, a pesar de contar en algunos casos con los permisos necesarios, aseguran ser víctimas de una "represión constante" que limita su capacidad para sostener a sus familias.