Denuncian prisión de 15 personas mayores de 70 años y de discapacitados por protestar el 11J

Martha Beatriz Roque Cabello, supervisora del Centro de Derechos Humanos (CDH), con sede en La Habana, denunció las precarias condiciones que sufren al menos 15 presos políticos con edades superiores a los 70 años, que fueron encarcelados tras las protestas de julio de 2021 (11J).

“Estamos resaltando dentro del informe de los presos correspondiente al cierre de febrero, las características de algunos grupos, ese es el caso de 15 personas que tienen más de 70 años de edad y que están en la prisión en estos momentos, los que padecen diferentes enfermedades, incluso algunos de ellos con padecimientos por los que han tenido que ser ingresados en hospitales por meses, porque la situación de salud que tienen es muy difícil para una persona con esa cantidad de años en la prisión”, explicó la opositora en declaraciones a Radio Televisión Martí.

De acuerdo en el medio citado, el informe destaca también “el caso de los enfermos mentales y los padres y matrimonios en penales, cuyos hijos han quedado al cuidado de terceros”.

Sobre los presos con discapacidades dijo la disidente: “Son unos cuantos, personas que tienen probado su retraso mental, que tienen prueba de su esquizofrenia, probado con papeles, tenemos documentado el caso de una madre que tiene tres hijos y todos tienen retraso mental, (…) ella tiene sus certificados desde que eran pequeños. Eso da una idea de que el régimen no tiene ninguna conciencia con nadie de lo que significa estar preso, la crueldad es extrema”.

Respecto a las presas políticas, Martha Beatriz Roque señaló que varias son “madres que están dejando de cuidar a sus hijos, que tienen a sus hijos al cuidado de personas ajenas, incluso padres con hijos, que está preso el matrimonio completo”.

La ex prisionera política del Grupo de los 75, cuyos miembros fueron condenados tras la ola de detenciones conocida como “Primavera negra” (2003), denunció la falta de comida en los penales y los problemas que enfrentan los familiares para conseguirlos y llevarlos a sus seres queridos.

“En la prisión rebajaron las raciones de los alimentos al 50 %, independientemente de lo mal elaborada que está, por consiguiente, para que el familiar logre llevarle algo de comer a la prisión necesita alrededor de cinco mil pesos, en estos momentos una libra de arroz vale 150 pesos, las familias no encuentran qué echar en las jabas”, dijo Martha Beatriz Roque a Radio Televisión Martí.

Las protestas de julio de 2021, que tuvieron lugar en más de 60 localidades de todo el país, se saldaron con cientos de procesados judicialmente. Pero las causas que provocaron el estallido continúan sin resolverse, entre ellas la aguda escasez de alimentos y medicinas, la precariedad de los servicios de electricidad y agua, así como la falta de libertades políticas y la violación de derechos humanos y sociales.

Al cierre de enero de 2023, existían al menos 1077 prisioneros políticos en la isla, según un informe de la organización de derechos humanos Prisoners Defenders.