Violencia hacia mujeres en Cuba: Más allá de "los protocolos"

Durante la última reunión del año del Consejo de Ministros, el pasado 29 de diciembre, el régimen reconoció insuficiencias en su estrategia para prevenir y atender la violencia de género. 

Según Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) "se cuenta con una estrategia que es bastante abarcadora, porque va desde el nivel local, que es donde se producen los hechos, hasta lo nacional. Es una estrategia interseccional e interdisciplinaria, en la que, aun cuando participan todos los organismos e instituciones, todavía no se logra la necesaria articulación".

Para la funcionaria, los principales problemas están en que las instituciones que deben atender la violencia no conocen o no implementan correctamente los "protocolos" diseñados.

"Hemos avanzado en la conceptualización de esos protocolos, pero cuando vamos allí a donde se produce el hecho, no se conoce el protocolo, no se implementa adecuadamente, y los que trabajan el tema no están preparados para hacerlo; se han hecho capacitaciones, pero no son suficientes todavía", dijo además Amarelle.

De acuerdo con datos confirmados del Observatorio de Género Alas Tensas, desde inicios de año se registraron 55 feminicidios en la isla. El último ocurrió el 11 de diciembre en el poblado El Sur, en Tercer Frente, Santiago de Cuba. Yiliannis Bueno Espinosa, de 29 años, fue asesinada por su expareja en las afueras de su hogar. 

En declaraciones a ADNCuba en noviembre pasado, Yanelys Núñez, coordinadora del Observatorio de Género de Alas Tensas, aseguraba que "el 2024 ya superaba las cifras de feminicidios de 2019, 2020, 2021 y 2022. La situación de la violencia de género en Cuba es mucho más grave de lo que podemos imaginar o comunicar".

El feminicidio no está tipificado como delito en el Código Penal de la isla y tampoco se emplean los términos "feminicidio" o "crimen machista" en los medios oficialistas, que pocas veces se refieren a este tipo de violencia.

En una reciente entrevista exclusiva para ADNCuba, la activista feminista Marta María Ramírez se mostraba" convencida de que el régimen cubano es un Estado feminicida, o sea, es interesante porque ha habido como un debate entre femicidio, que es el concepto del asesinato de una mujer por ser mujer, pero que no tiene responsabilidad estatal y el feminicidio, que es el término que nosotras usamos en Cuba, que sí tiene una responsabilidad estatal. Hay como esta distinción idiomática para estos dos fenómenos, pero es que resulta que lo llames como lo llames, el Estado siempre es responsable, porque no sólo tiene que legislar, también llevarlo a leyes administrativas, y si no hay un debate profundo en la sociedad cubana, si esos debates además no son debates, digamos, populares y sólo se quedan en pequeños grupitos o de feministas o de intelectuales, no hay un avance hacia algo concreto que ofrezca garantías". 

Muchas de estas muertes han venido antecedidas por denuncias de las víctimas ante las autoridades, que no actúan oportunamente. 

Tampoco el régimen cubano acepta la colaboración de activistas independientes y organizaciones de la sociedad civil que durante años han ideado leyes, políticas y estrategias de acción para prevenir y abordar de manera integral estas problemáticas.

Por el contrario, desde el régimen y sus organizaciones paraestatales, como la FMC, se intenta monopolizar el tema y se discursa despectivamente sobre estas mujeres que actúan al margen del Partido Comunista de Cuba.  

La perenne crisis de la sociedad cubana influye asimismo en el aumento de la exposición de las mujeres a la violencia. Cuando la cuarentena por la pandemia del coronavirus, entre el 24 de marzo y el 15 de octubre de 2020, ocurrieron en la isla 17 feminicidios en el hogar o en entornos familiares de las víctimas.

Otro elemento a tener en cuenta es la violencia que ejerce el propio régimen contra las mujeres. Un informe presentado recientemente por organizaciones civiles independientes cubanas ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)  refiere que "las formas de represión en Cuba contra mujeres activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas independientes son diversas y sistemáticas, revelan un patrón claro de abuso y control estatal. Una de las tácticas más comunes es la detención arbitraria, reportada por un alto porcentaje de mujeres en estos roles:  83.7% de las activistas,  77.7% de las defensoras de derechos humanos y el 85.7% de las periodistas independientes han sido detenidas sin justificación legal. Estas detenciones suelen realizarse en condiciones degradantes y, en muchos casos, incluyen tortura". 

En el mismo informe se recoge que "la violencia física y psicológica son una forma común de represión que afecta profundamente a las activistas en la nación. Un alto porcentaje de estas mujeres, incluidos el 78.5% de las activistas y el 85.7% de las periodistas independientes, reportaron haber sufrido violencia física, la que a menudo incluye acoso sexual durante las detenciones e interrogatorios".

Aunque organizaciones como la FMC culpen a fallos en los protocolos, la naturaleza del problema es mucho más profunda y parte de la propia posición del régimen ante el fenómeno, ya sea en su rol de perpetrador o por su politización del asunto, que lo lleva a no abordarlo de manera integral y efectiva.