Madre de presa política desmiente en video a Mariela Castro: “Brenda sí ha sido maltratada” 

Ana María García, madre de la presa política Brenda Díaz, desmintió en un video colgado en Twitter las declaraciones de Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (Cenesex), sobre la situación de su hija en la cárcel.

García explicó que las palabras de Castro la desacreditaban tanto a ella como a su hija, encerrada por manifestarse pacificamente en julio de 2021, en las protestas masivas que sacudieron la isla.

“Ella dijo que mi hija estaba bien en el lugar donde estaba y que además estaba a la espalda de lo que sucede con ella en las plataformas sociales. Dice que yo todo lo que decía y mis denuncias eran falsas, que Brenda nunca ha sido maltratada”, cuenta la cubana, miembro del movimiento Cuba de Luto.

Asimismo, la madre contó que posee audios y cartas de su hija que indican que ella conoce la campaña desplegada para su liberación por activistas y organizaciones.

“Hoy quiero decirle al mundo que todo lo que ella [Mariela] dijo ahí es mentira” aseguró García.

Es usual que la hija del general general Raúl Castro blanqueé la historia de homofobia y transfobia del régimen familiar. El pasado miércoles Castro afirmó que el caso de la mujer trans Brenda Díaz es una “historia sobredimensionada”.

Con anterioridad García declaró a ADN Cuba que “todo eso es como una burla”, porque es pública la precariedad de las cárceles cubanas “más para Brenda siendo seropositiva”.

La mujer ha denunciado que en la prisión no le aseguran a Brenda los medicamentos para sus padecimientos.

Brenda Díaz fue sentenciada a 14 años de cárcel por supuestos “desórdenes públicos y sabotaje” durante las protestas antigubernamentales. En un segundo juicio celebrado recientemente le agregaron otros siete meses de condena por un presunto “desacato”, tras recibir una golpiza en la cárcel, según denunció su madre.

Los procesos contra manifestantes del 11J y otros detenidos por motivos políticos han sido calificados por familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos como “farsas judiciales”.