Televisora oficialista asegura que Ley de Comunicación busca "participación ciudadana"

Mientras los voceros del régimen cubano aseguran que la Ley de Comunicación Social en la isla busca "la participación ciudadana", múltiples instancias internacionales condenan a la dictadura por "legalizar la censura" aún más y aumentar su represión contra la libertad de expresión en Cuba.

En el punto más álgido de la campaña de acoso contra periodistas independientes, que incluye interrogatorios, ocupación de medios de trabajo, incautación arbitraria de efectivo, amenazas de procesamiento legal por "mercenarismo" y coacción para que publiquen en sus redes sociales compromisos de no colaborar más con medios no estatales, el oficialismo busca lavarse la cara.

Recientemente, un programa televisivo de Las Tunas se refirió a esta legislación, que entró en vigor en octubre pasado, como una norma que "articula la participación popular como derecho y deber de cada ciudadano".

"Pensando la comunicación desde esa posibilidad que tiene, de que las personas se incluyan en los procesos, opinen sobre los procesos y tengan una participación real para la transformación, creo que falta mucho por hacer", reconoció en el reportaje emitido este 26 de diciembre Liliana Gómez, coordinadora regional del Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria (CIERIC), organización paraestatal vinculada a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

Según el espacio de televisión, la comunicación cubana, a través de la nueva legislación, tiene el reto de lograr la participación ciudadana y transparencia en los procesos de los cuales las personas sean artífices.

Sin embargo, omitieron que la nueva legislación -que estuvo años retrasándose-, permite reforzar el discurso oficialista en los medios de prensas del país, coaccionar a los periodistas independientes y restringir aún más la libertad de expresión de los cubanos.

En su informe de octubre 2024, Cubalex condenó que en el capítulo IV "De los Contenidos", la Ley incluye requisitos y prohibiciones de naturaleza política que constituyen violaciones al derecho a la libertad de expresión y que ya comenzaron a ser usados por los oficiales de la Seguridad del Estado para amenazar y amedrentar a periodistas independientes.

También en una denuncia que data de 2023, el presidente del SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), Michael Greenspon, dijo que era "claro que el régimen aumenta las nuevas formas de censura contra medios y periodistas a través de restricciones administrativas y legales para desactivar el descontento social", referido a la Ley de Comunicación Social que el oficialismo discutía por esas fechas.

Greenspon agregó que "en sus más de seis décadas de existencia la dictadura cubana se ha especializado en coartar las libertades y violar los derechos humanos".

La Ley de Comunicación Social de Cuba, que no reconoce la prensa no oficial y permite la publicidad comercial (controlada) por primera vez desde el triunfo de la revolución (1959), entró en vigor en octubre de 2024, más de un año después de su aprobación parlamentaria. 

"Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad", dice la norma, replicando lo establecido en la Constitución de 2019.

En el texto se indica, además, que los contenidos, en ningún caso, pueden "emplearse con el objetivo de subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista de derecho y justicia social; sustentar la agresión comunicacional que se desarrolla contra el país".

El Índice Chapultepec, un barómetro que desde 2019 mide las acciones institucionales que afectan las libertades de prensa y de expresión en 22 países de las Américas, ha mantenido a Cuba en lo más bajo del ranking en este año.

"Cuba ha sido calificado nuevamente, como uno de los países del continente americano donde se restringe este derecho humano; uno de los peores evaluados con 16,94 puntos de cien posibles, que lo convierte en una nación sin libertad de expresión. Tal evaluación es resultado de la criminalización de la libertad de expresión con la firma de la nueva ley de Comunicación Social, con la aplicación del Decreto-Ley 370, y de la censura y represión de aquellos periodistas independientes, escritores, activistas políticos o cualquier ciudadano que se proyecte diferente a la política del Estado o denuncie la realidad que se vive dentro de la Isla", refleja el informe. 

El Código Penal cubano castiga con prisión al autor de críticas a funcionarios estatales y garantiza impunidad a las autoridades. Además, su artículo 143 establece condenas de hasta 10 años de cárcel por la recepción, el uso y la posesión de fondos provenientes del extranjero para realizar actividades de comunicación.

Asimismo, el Decreto 370, que regula el uso de la Internet, es utilizado para aplicar severas multas y decomisar equipos por, entre otros delitos, compartir publicaciones, en redes sociales, consideradas contrarias al régimen.

A lo largo de más de seis décadas de dictadura en Cuba, múltiples organizaciones internacionales, personalidades, intelectuales y otras instancias han denunciado de forma permanente las atrocidades del régimen respecto de violaciones a las libertades de prensa y expresión.