Activista Alejandro Garlobo: casi 2 semanas de interrogatorios en la Seguridad del Estado

El activista por la democracia en Cuba Alejandro Garlobo Aleaga lleva 12 días sometido a interrogatorios en la Unidad de Investigaciones de la Seguridad del Estado, sede de La Habana conocida como Villa Marista, tras su detención por agentes no identificados el pasado 2 de marzo de 2023 en Quivicán, provincia de Mayabeque.

Isayris Díaz, esposa de Garlobo, dijo a ADN Cuba que a más de diez días de su arresto “todo sigue igual” respecto a su caso, y que el activista “aún está bajo investigación”.

El joven de 34 años de edad fue uno de los cientos de detenidos durante la persecución posterior al estallido popular de julio de 2021 (11J). Aunque lo liberaron después, volvió a caer bajo arresto por responder a la convocatoria de una Marcha Cívica por el Cambio el 15 de noviembre de 2021 (15N).

El pasado viernes Díaz fue citada por la policía política para un interrogatorio, donde inquirieron sobre “si sabía que Alejandro era activista”. Ese mismo día “hicieron un registro en mi casa, pero no sé qué buscaban”, agregó Isayris Díaz en declaraciones a esta redacción.

De acuerdo con el abogado y defensor de los derechos humanos Fernando Almeyda, a Garlobo presuntamente “se le imputa el artículo 143 del nuevo Código penal”.

Las autoridades comunicaron verbalmente a la familia “que se le acusaba del delito de 'Otros actos contra la Seguridad del Estado', sin indicar artículo, pero cuando uno revisa el articulado referente a ese delito, el único que tiene sentido y que fue aprobado para el propósito es el infame artículo 143”, explicó a ADN Cuba el asesor legal de la ONG Prisioners Defenders.

El Artículo 143, incluido en el Capítulo V “Otros actos contra la seguridad del Estado”, establece una sanción de cuatro a diez años de privación de libertad para quien “por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional (…)”.

Explica el jurista exiliado que “Garlobo forma parte de las personas que reparte ayuda humanitaria a ciudadanos cubanos y familias de presos políticos con necesidades, medicamentos, sobre todo, y eso también les molesta [a las autoridades]”.

De acuerdo con Almeyda, en el proceder de la Fiscalía cubana y la Seguridad del Estado “es típico que omitan el articulado, no dan calificación, solo el delito para que la gente no sepa bien. Además, ellos no necesitan manejar [bien] la ley. La ley es lo que a ellos les dé la gana”.

En opinión de Fernando Almeyda, la escalada represiva del Gobierno cubano ha convertido la “lucha por la libertad” de los opositores presos y los activistas que quedan en la isla, en una pelea por la “supervivencia” de la sociedad civil.

Alejandro Garlobo había sido interrogado por dos agentes el pasado viernes 17 de febrero en la estación policial del municipio Quivicán, en la provincia de Mayabeque. Tras ese encuentro con la policía política, denunció presiones para que él abandonara el país en menos de 90 días.