Más de 4000 personas enjuiciadas por robo y sacrificio de ganado en toda la isla

Con más de 6,000 acciones de enfrentamiento y prevención ejecutadas en lo que va de 2024, según el Ministerio del Interior (MININT), el problema del hurto y sacrificio ilegal de ganado se ha convertido en todo un desafío para las autoridades de la isla. 

Manuel Valdés, jefe del Órgano de Enfrentamiento de la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI) del MININT, detalló en el programa oficialista Hacemos Cuba que han neutralizado a más de 9,000 individuos involucrados en delitos relacionados con el ganado, de los cuales  4.500 han sido procesados. 

Valdés asegurá que desactivaron 26 grupos organizados vinculados al hurto y sacrificio de animales, y que las provincias con mayor número de casos son Guantánamo, Santiago de Cuba, Las Tunas, Camagüey, Holguín, Villa Clara, Cienfuegos y Matanzas. 

En marzo de este año el Ministerio de Agricultura inició un ejercicio de control sobre el uso y tenencia de la tierra y el ganado, tras lo cual fueron revisados el 94% de los tenentes. Según Mayra Cruz Legón, directora jurídica del ministerio, se detectaron irregularidades en el 90% de los casos.

Entre las deficiencias más comunes se encuentran animales no registrados, compraventas ilegales y la ausencia de identificación del ganado. También se evidenciaron problemas de gestión, como cercados en mal estado, falta de seguridad para el pastoreo nocturno y propietarios ausentes o fallecidos.

Expertos en economía agraria coinciden en que el problema va más allá del hurto de ganado. El modelo estatal centralizado limita la autonomía de los productores, quienes deben operar bajo estrictas regulaciones y con recursos insuficientes.

“La falta de garantías jurídicas y la intromisión estatal ahogan cualquier posibilidad de recuperación”, señalan los economistas. Una transformación hacia un modelo más abierto, que incluya la participación activa del sector privado, es condición indispensable para revertir la crisis.

Además, la ausencia de incentivos económicos para los ganaderos ha llevado a muchos a abandonar la actividad o a operar en condiciones precarias. Algunos, incluso, enfrentan riesgos físicos ante el aumento de la violencia asociada al robo de ganado.